SANTO DOMINGO. El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional homologó un acuerdo entre el Ministerio Público y el empresario Maxy Gerardo Montilla Sierra, mediante el cual este acepta su responsabilidad penal en la Operación Antipulpo y autoriza el decomiso de RD$2,000 millones a favor del Estado dominicano.

El acuerdo, presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), incluye además el pago de RD$600 millones a las empresas distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, así como RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Como parte del compromiso, Montilla deberá disolver en un plazo de dos años las empresas vinculadas a los contratos con el Estado, entre ellas Transformadores Solomon Dominicana, Electrocable Aluconsa, Importaciones Diversas y Watmax Lighting, entre otras.

También se ordena el decomiso de un terreno valorado en RD$50,901,692.13, ubicado en el Ensanche Naco, Distrito Nacional.

El Ministerio Público basó su solicitud en el criterio de oportunidad previsto en el artículo 370 del Código Procesal Penal, que permite acuerdos cuando el imputado colabora con la investigación o facilita la recuperación de bienes del Estado.

El proceso principal de la Operación Antipulpo, que involucra a otros imputados, continuará en los tribunales mientras el Ministerio Público avanza en la recuperación de fondos vinculados a presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

OPERACIÓN

Operación Antipulpo es un caso judicial en República Dominicana que investiga una supuesta red de corrupción administrativa, vinculada a contratos y manejos irregulares de fondos públicos durante el gobierno de Danilo Medina (2012-2020).

La operación fue lanzada por el Ministerio Público el 29 de noviembre de 2020, con allanamientos simultáneos en varias provincias del país.

La investigación fue liderada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El caso tiene como principal acusado a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, señalado como presunto cabecilla de la red.

Otros exfuncionarios y empresarios también fueron incluidos por su supuesta participación en fraudes con contratos estatales, sobornos y tráfico de influencias.

Se le llamó Antipulpo porque, según la acusación, el entramado operaba como un pulpo, con múltiples “tentáculos” que alcanzaban diferentes instituciones del Estado para obtener ventajas y contratos de manera irregular.