Desde 2012, 12 de los 33 países en la región han empeorado considerablemente, mientras que solo República Dominicana (37) y Guyana (40) han registrado mejoras, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional publicado hoy.

Con una puntuación promedio de 42 sobre 100, las Américas no muestran avances en la lucha contra la corrupción.

Según citó el informe, qños de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a la las personas, al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad.

«Durante años, la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política de países como México (27), Brasil (35) y Colombia (37), fomentando la impunidad y las injusticias», subraya el documento.

En la actualidad, Costa Rica (56) y Uruguay (73), las democracias más fuertes de América Latina y con mejores resultados en el IPC, también sufren la violencia alimentada por la corrupción y el crimen organizado.

Por su lado, países con instituciones fallidas y cooptadas, como Nicaragua (14) y Haití (16), continúan luchando contra la corrupción arraigada y las redes criminales.

En toda la región, la corrupción en los servicios públicos tiene consecuencias en la vida cotidiana de las personas. En Perú (30), la fiscalía está investigando presuntos sobornos en el programa de alimentación escolar para eludir los controles sanitarios, que podrían haber resultado en la distribución de comidas contaminadas y en enfermedades infantiles.

En Argentina (36), las investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad muestran riesgos similares para los grupos vulnerables. La baja puntuación de Venezuela (10), refleja años de corrupción generalizada y actividades ilícitas, que han disparado la pobreza y la desnutrición.

En el país millones de familias sobreviven con escasos alimentos, agua y electricidad.

En varios países, la reducción del espacio cívico debilita la supervisión y la rendición de cuentas. En El Salvador (32), las restricciones impuestas a las organizaciones de la sociedad civil limitan el escrutinio y la supervisión independiente de las acciones del gobierno. En Guyana (40), el acoso y la intimidación a los medios de comunicación independientes y a la sociedad civil reducen la capacidad de la ciudadanía de proteger sus recursos naturales.