WASHINGTON (AP) — Prácticamente sin condiciones, el Congreso está a punto de proporcionar una importante inyección de fondos al Departamento de Seguridad Nacional , lo que impulsará la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump durante el resto de su mandato en la Casa Blanca.

El paquete de casi 70.000 millones de dólares, que fue aprobado por el Senado, controlado por los republicanos, en una votación a altas horas de la noche y que ahora pasa a la Cámara de Representantes, fue calificado de «proyecto de ley nefasto» por el líder demócrata y de «cajero automático para el ICE» por los defensores de los inmigrantes.

Pero para aquellos alineados con la promesa de campaña de Trump de llevar a cabo la mayor operación de deportación masiva en la historia de Estados Unidos, esto prácticamente garantiza un flujo ininterrumpido de dinero para realizar las operaciones de control migratorio de la administración , y se suma a los aproximadamente 170 mil millones de dólares que el Congreso ya aprobó para el departamento el verano pasado, como parte del gran proyecto de ley de exenciones fiscales de Trump .

“Vamos a seguir arrestando gente, vamos a seguir deteniendo gente y vamos a seguir deportando gente”, dijo el viernes a CBS News Tom Homan, el asesor fronterizo de Trump.

Dio a entender que próximamente se llevarán a cabo operativos de control en la ciudad de Nueva York durante el verano.

Más dinero, menos medidas de seguridad.

La labor del Congreso llega en un momento crucial para el presidente republicano y su partido, quienes se enfrentan a un electorado inquieto antes de las elecciones de mitad de mandato. Aproximadamente uno de cada tres adultos estadounidenses conoce a alguien afectado por las políticas migratorias de Trump, según una encuesta de AP-NORC realizada en abril. Y mientras Estados Unidos celebra su 250 aniversario, la mayoría afirma que ya no es un buen lugar para los inmigrantes.

El paquete de financiación del Congreso es un proyecto de ley de apenas doce páginas que carece de las salvaguardias o directivas habituales que suelen exigirse en la legislación. Destina 30.000 millones de dólares a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y miles de millones a la Patrulla Fronteriza y otras agencias, financiando así las operaciones del departamento hasta 2029.

“Sus opciones son ilimitadas en cuanto a lo que pueden hacer con este dinero”, dijo Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, una organización con larga trayectoria en la defensa de los inmigrantes.

“Es muy difícil de aceptar como ciudadano contribuyente que nuestro dinero se destine a esta enorme maquinaria de deportación masiva, mientras los estadounidenses luchan por cubrir los costos de la atención médica, tener acceso a alimentos y pagar tanto en gasolina.”

La administración ha intentado desviar el debate sobre sus operaciones de inmigración, nombrando a nuevos líderes en el Departamento de Seguridad Nacional tras los violentos sucesos ocurridos a principios de este año durante las operativos de control migratorio y los asesinatos a tiros de los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis.

En lugar de realizar redadas callejeras espectaculares, la administración está trabajando entre bastidores en acciones que están privando a los grupos de inmigrantes de su capacidad para permanecer en los EE. UU., eliminando el Estatus de Protección Temporal o dificultando la obtención de la tarjeta de residencia permanente .

Los llamados «Dreamers», jóvenes inmigrantes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, han denunciado retrasos en la renovación de su estatus de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) , lo que los expone a una posible deportación.

Pero las protestas en las calles estadounidenses continúan, entre otras, por las condiciones de detención en el centro penitenciario Delaney Hall en Nueva Jersey.

Al mismo tiempo, el Departamento de Seguridad Nacional continúa contratando más agentes del ICE (organizará una feria de empleo el próximo mes en Florida), construyendo más centros de detención y asociándose con países de todo el mundo para acoger a las personas que están siendo deportadas de Estados Unidos.

En un comunicado, el departamento afirmó que Trump y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, están «totalmente enfocados en garantizar que los hombres y mujeres que trabajan arduamente» del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reciban la financiación completa. Añadió que el paquete aprobado por el Congreso «garantizará la continuidad de nuestras operaciones críticas de seguridad nacional, a pesar de cualquier intento de los demócratas de tomar como rehenes a nuestros valiosos empleados patriotas en el futuro».

El poder de la cartera se convierte en un cheque en blanco

Por lo general, un paquete de financiación del Congreso consta de cientos de páginas o más, con una serie de instrucciones específicas sobre cómo se puede gastar el dinero y en qué plazos.

Al fin y al cabo, el Congreso tiene el poder de controlar el presupuesto y, a menudo, utiliza ese papel constitucional para ejercer control sobre la administración.

Pero después de que los demócratas se negaran a financiar el Departamento de Seguridad Nacional a principios de este año tras la violencia en Minnesota, los republicanos tomaron represalias utilizando el proceso de resolución presupuestaria del Congreso para imponer el paquete por su cuenta, al margen de los canales de asignación de fondos tradicionales.

Es el mismo proceso que ambos partidos han utilizado en el pasado, más recientemente con el proyecto de ley de recortes de impuestos de Trump para 2025.

“Toda esta importante supervisión no se lleva a cabo”, dijo Bobby Kogan, exmiembro del personal del Comité de Presupuesto del Senado y ahora en el Center for American Progress, un centro de estudios.

De la noche a la mañana, los demócratas en el Senado se esforzaron por ejercer esa autoridad, presentando enmiendas para asegurar que el Congreso tuviera voz en el proceso. El senador Dick Durbin de Illinois, por ejemplo, intentó proteger a los «Dreamers» de la deportación, ya que la renovación de su DACA se está retrasando. Pero todos esos esfuerzos fracasaron.

Para algunos, las deportaciones no son suficientes.

Mientras tanto, la administración está bajo una enorme presión para cumplir su promesa de aumentar las deportaciones a alrededor de un millón al año, después de que las cifras del primer año del presidente republicano no alcanzaran esa meta.

Mike Howell, presidente del Oversight Project, es uno de los líderes de la Coalición contra la Deportación Masiva, que presiona a la administración Trump para que cumpla sus promesas .

“Todo el mundo habla de ello como si el ICE estuviera a punto de recibir otra inyección masiva de dinero, y yo no lo veo así en absoluto”, dijo. “Están recibiendo dinero para sobrevivir”.

“No les estamos pidiendo que continúen”, dijo Howell. “Les estamos pidiendo que empiecen”.

Howell afirmó que hay pocas posibilidades de que la administración Trump logre sus objetivos de deportación a menos que abandone su prioridad de perseguir a lo que ellos llaman «los peores de los peores».

Su grupo presentó a principios de este año un plan que propone redadas más exhaustivas para arrestar a inmigrantes, especialmente en el ámbito laboral. También busca que la administración Trump dificulte el acceso de los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos al sistema bancario, a los servicios sociales y a la obtención de licencias de conducir. Los republicanos en el Congreso han presentado proyectos de ley para abordar algunos de estos problemas.

La administración ha estado intensificando su propia retórica y recientemente publicó un nuevo sitio web que caracteriza a los inmigrantes como «extraterrestres» —con temas del espacio exterior— y sugiere formas en que la Casa Blanca está trabajando para impedir que las personas permanezcan en los Estados Unidos.