Un Tribunal de Juicio Oral de la provincia de Coclé, Panamá, declaró este viernes penalmente responsable a un educador por el delito de hostigamiento en el ámbito escolar contra cinco estudiantes, por hechos ocurridos en 2019 en un centro educativo del distrito de Penonomé.
La pena que deberá cumplir será determinada el próximo 14 de agosto, cuando el tribunal realice la lectura de la sentencia. Durante la audiencia de individualización, las fiscales del Ministerio Público Katherine Torres Real y Yarisel Fernández solicitaron cuatro años de prisión.
La misma pena fue solicitada por José Julián Pérez, abogado querellante y defensor público de las víctimas, quien además pidió que se tomaran en cuenta las circunstancias agravantes del caso.
La defensa del educador presentó una petición distinta. El defensor público Rodrigo Frago Madrigales solicitó que se impusiera la pena mínima de dos años de prisión.
Tras determinar la responsabilidad penal, el tribunal celebró además la audiencia de resarcimiento, en la que la representación de las víctimas solicitó el pago de una indemnización, petición a la que se opuso la defensa. Los hechos investigados se remontan a 2019 y ocurrieron en un plantel educativo de Penonomé, cabecera de la provincia de Coclé.
De acuerdo con la información judicial divulgada, las conductas atribuidas al educador afectaron a cinco alumnas y fueron calificadas como hostigamiento en el ámbito escolar. Las identidades de las estudiantes se mantienen bajo reserva por su condición de víctimas.
OTROS CASOS
El caso se suma a otros procesos judiciales registrados en Panamá durante 2026 por delitos cometidos por educadores contra estudiantes, aunque con circunstancias y tipificaciones diferentes.
En abril, un docente de 60 años fue condenado en Veraguas a 90 meses de prisión, equivalentes a siete años y seis meses, por actos libidinosos agravados contra una alumna con condición especial. El hecho ocurrió en diciembre de 2024 en el distrito de Santiago.
Según el Ministerio Público, el condenado aprovechó su condición de docente y consejero del centro educativo para cometer el delito dentro de un aula. Además de la pena de prisión, recibió cinco años de inhabilitación para ejercer cargos, oficios o profesiones en lugares donde regularmente se concentren menores de edad.
En otro proceso, un exprofesor fue condenado en enero a 16 años de prisión por corrupción agravada de persona menor de edad y posesión agravada de material de abuso sexual. La investigación comenzó en 2025 y terminó mediante un acuerdo de pena. El tribunal también dispuso 16 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos una vez cumplida la condena y su inclusión en el registro de ofensores sexuales.
Estos procesos se producen mientras Panamá mantiene abierta la discusión sobre los mecanismos de prevención y protección frente al acoso y otras formas de violencia contra estudiantes.
En mayo, la Asamblea Nacional instaló una mesa técnica para analizar el acoso escolar y recopilar propuestas para una eventual legislación. En junio, el órgano legislativo realizó otro encuentro para revisar las normas y políticas públicas existentes.
Asimismo, en abril entró en vigencia una modificación al artículo 138-A del Código Penal que amplió la protección frente a la violencia psicológica mediante amenazas, intimidación, chantaje, persecución o acoso. La norma contempla penas de cinco a ocho años de prisión y establece agravantes cuando las conductas ocasionen daño psíquico.
En el caso de Penonomé, sin embargo, la pena definitiva será conocida el 14 de agosto y estará determinada por la legislación aplicable a los hechos ocurridos en 2019 y por la decisión del tribunal.
Por el momento, el Ministerio Público y la representación de las cinco víctimas solicitan cuatro años de prisión, mientras la defensa reclama dos.
Fuente: Externa
