Netflix solicitó la semana pasada ante un tribunal federal de California que desestime la demanda por difamación presentada por la exmodelo y presentadora Tyra Banks contra la plataforma por el documental Reality Check: Inside America’s Next Top Model, que repasa la historia y las controversias del popular programa de televisión.

La plataforma presentó documentos judiciales en los que pide al juez rechazar las reclamaciones de Banks, quien interpuso la demanda en junio y solicitó un juicio con jurado para determinar la indemnización que considera correspondiente.

Un portavoz de Netflix defendió la producción y afirmó a Us Weekly que sus directores, Daniel Sivan y Mor Loushy, son “documentalistas respetados” que entrevistaron ampliamente a personas vinculadas con America’s Next Top Model.

Según la plataforma, Banks tuvo la oportunidad de hablar sobre su experiencia y su perspectiva fue presentada junto con la de los demás participantes. Netflix aseguró además que respalda el documental y que continuará defendiendo su contenido ante los tribunales.

La exmodelo, de 52 años, sostiene una versión distinta. De acuerdo con su demanda, aceptó participar en el proyecto bajo la expectativa de que tendría la oportunidad de abordar de manera amplia y sincera el legado de America’s Next Top Model, incluidos sus aciertos y las controversias que marcaron su trayectoria.

Banks participó en una entrevista de aproximadamente tres horas y media y respondió preguntas sobre la historia del programa y las decisiones adoptadas durante sus temporadas. Sin embargo, sus abogados alegan que solo unos 16 minutos de ese material fueron utilizados en la versión final del documental.

La demanda sostiene que sus declaraciones fueron “despojadas de contexto y reensambladas” para construir una narrativa que, según Banks, resulta falsa y difamatoria y no refleja lo que realmente expresó durante la entrevista.

El conflicto también alcanza la manera en que el documental aborda algunos de los episodios más polémicos de America’s Next Top Model, entre ellos el caso de Shandi Sullivan, una antigua concursante que relató un incidente ocurrido durante una temporada grabada en Italia y que describió como una agresión sexual.

Las imágenes de aquella edición mostraron a Sullivan consumiendo alcohol con otros participantes antes de acostarse con un modelo.

La exconcursante afirmó posteriormente que se desmayó durante el encuentro.

Banks cuestiona la interpretación presentada en el documental y rechaza que haya permitido conscientemente que una concursante fuera víctima de una agresión sexual para después aprovechar el episodio con fines de audiencia.

La demanda también aborda otra denuncia de conducta sexual inapropiada relacionada con la producción del programa. Banks afirma que, tras recibir información de un miembro del equipo sobre un supuesto patrón de comportamiento inapropiado de una persona vinculada a la producción, informó a otros ejecutivos y se aseguró de que el reporte fuera remitido a la cadena.

Según sus abogados, la producción fue detenida posteriormente para que integrantes del elenco y del equipo recibieran capacitación sobre acoso sexual impartida por un especialista externo.

Los abogados de Banks, Tom Locke y Clare Locke, sostienen que el caso gira en torno a una cuestión central: si un documental presentado como un relato de hechos representa fielmente las declaraciones de las personas entrevistadas y los acontecimientos que describe.

Como parte de su reclamo, los representantes de la exmodelo solicitaron que Netflix entregue la grabación completa y sin editar de la entrevista. Su argumento es que el material permitiría comparar las declaraciones originales de Banks con los fragmentos utilizados en el montaje final.

Netflix mantiene su defensa del documental y sostiene que la perspectiva de Banks fue incorporada de manera adecuada dentro del conjunto de testimonios utilizados en la producción.

El caso enfrenta ahora a la plataforma de streaming con una de las figuras centrales de America’s Next Top Model, en una disputa que podría determinar hasta qué punto la edición de un documental puede ser cuestionada judicialmente cuando una persona entrevistada considera que sus declaraciones fueron utilizadas fuera de contexto.