Cuando en 1969 se promulgó la Ley núm. 541, Orgánica de Turismo, la República Dominicana recibía menos de cien mil visitantes al año. Más de medio siglo después, nuestro país supera los once millones de visitantes anuales y se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de América Latina y el Caribe. Sin embargo, seguimos teniendo como principal referencia una legislación concebida para una realidad económica, social y territorial completamente distinta.

Es cierto que durante todos estos años se han aprobado leyes, decretos y reglamentos que han contribuido al desarrollo de la industria turística. Pero también es cierto que ese crecimiento ha generado nuevas necesidades que requieren una legislación más integral, capaz de organizar los distintos actores del sector, fortalecer su competitividad y garantizar que su desarrollo sea sostenible en el tiempo.

Con ese propósito hemos presentado ante el Senado de la República un proyecto de Ley General de Turismo Sostenible e Inclusivo, que recientemente fue enviado a comisión para su estudio y discusión.

Quienes vivimos en La Altagracia conocemos muy bien lo que ha significado el turismo para nuestro país. Hemos visto la transformación de Punta Cana, Bávaro, Bayahíbe y otras comunidades que hace apenas unas décadas tenían una actividad económica muy diferente. Hoy constituyen una de las principales fuentes de empleos, inversiones y generación de divisas de la República Dominicana.

Ese desarrollo no ha sido casual. Es el resultado de una combinación de inversiones privadas, políticas públicas, estabilidad, promoción internacional y, sobre todo, del trabajo de miles de dominicanos que diariamente hacen posible el funcionamiento de esta industria.

Pero sería un error pensar que porque hemos tenido éxito en atraer visitantes ya tenemos resueltos todos los problemas relacionados con el turismo.

En nuestra propia provincia encontramos situaciones que merecen una reflexión. Mientras contamos con instalaciones hoteleras de primer nivel, todavía tenemos comunidades con dificultades de acceso al agua potable, deficiencias en el alcantarillado sanitario, problemas de tránsito, crecimiento urbano desordenado y necesidades importantes en materia de servicios públicos.

No podemos desconocer esa realidad ni pretender que se resolverá únicamente con la construcción de nuevos hoteles. El desarrollo turístico tiene que ir acompañado de una planificación territorial adecuada y de inversiones públicas que respondan al crecimiento de la población.

Tampoco sería justo atribuirle al sector empresarial responsabilidades que corresponden fundamentalmente al Estado. Cada quien debe asumir su parte. Los inversionistas necesitan seguridad jurídica y condiciones favorables para continuar desarrollando sus proyectos, mientras que las autoridades tenemos la obligación de garantizar infraestructura, servicios públicos, ordenamiento territorial y protección de los recursos naturales.

Uno de los aspectos que consideramos fundamentales en esta nueva legislación es lograr una mayor integración de las comunidades a la actividad turística. No basta con que el turismo genere empleos, que por supuesto son importantes. También debemos procurar que nuestros pequeños empresarios, agricultores, pescadores, transportistas, artesanos, pintores y demás emprendedores tengan mayores oportunidades de participar en los beneficios que produce.

Por ejemplo, hemos incluido disposiciones para proteger y promover la artesanía y el arte dominicano. Entendemos que las tiendas de regalos y establecimientos comerciales vinculados al turismo deben identificar claramente cuáles mercancías son de fabricación nacional y cuáles son importadas.

Esto permitiría que los visitantes conozcan el verdadero origen de los productos que adquieren y, al mismo tiempo, contribuiría a valorar el trabajo de nuestros artesanos y artistas. No se trata de limitar el comercio, sino de fomentar una competencia transparente y reconocer nuestra identidad cultural.

Igualmente, proponemos fortalecer la participación de los guías turísticos locales debidamente acreditados en las excursiones que se realizan en nuestros destinos. Consideramos razonable que quienes conocen la historia, las tradiciones y las características de sus comunidades puedan participar directamente en una actividad económica que se desarrolla en su propio territorio.

Otro tema que merece especial atención es la sostenibilidad ambiental. El crecimiento turístico, particularmente en las zonas costeras, genera una presión considerable sobre los recursos naturales, el suministro de agua, el tratamiento de las aguas residuales y la disposición de los desechos sólidos.

La protección de nuestras playas, manglares, arrecifes y demás riquezas naturales no puede depender exclusivamente de iniciativas voluntarias. Necesitamos reglas claras, mecanismos de supervisión y una adecuada coordinación entre el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los gobiernos locales, respetando las competencias que corresponden a cada institución.

También hemos incorporado el concepto de turismo inclusivo, procurando que las personas con discapacidad y los adultos mayores encuentren mayores facilidades para disfrutar de nuestros hoteles, playas, excursiones y demás atractivos turísticos. La accesibilidad constituye un derecho que debemos continuar desarrollando y, al mismo tiempo, representa una oportunidad para ampliar y diversificar nuestra oferta.

La iniciativa contempla, además, la regulación de los diferentes operadores que intervienen en la industria, incluyendo agencias de viajes, turoperadores, establecimientos de alojamiento, transporte turístico, plataformas digitales y nuevas modalidades de hospedaje que han surgido con los cambios tecnológicos.

Naturalmente, cualquier regulación debe procurar un equilibrio razonable. No tendría sentido modernizar la legislación para terminar creando más burocracia, duplicando permisos o estableciendo obligaciones que dificulten innecesariamente las inversiones. Por el contrario, debemos avanzar hacia procedimientos más ágiles, mayor transparencia administrativa y reglas que permitan competir en mejores condiciones.

En la elaboración de esta propuesta hemos tomado como referencia las recomendaciones de ONU Turismo, especialmente el Código Ético Mundial para el Turismo, así como experiencias legislativas de otros países y las disposiciones de nuestra Constitución y legislación nacional.

No pretendemos presentar este proyecto como una solución definitiva a todos los problemas de la industria. Sería una afirmación poco seria. Lo que buscamos es abrir una discusión que consideramos necesaria y que permita construir, con la participación de los sectores involucrados, un marco jurídico más acorde con la realidad actual.

La República Dominicana ha realizado un esfuerzo extraordinario para consolidarse como destino turístico. Ese logro debemos preservarlo, pero también tenemos que mirar hacia adelante. La competencia internacional es cada vez mayor, las exigencias ambientales son más rigurosas y los visitantes demandan experiencias más diversas, seguras y responsables.

Desde La Altagracia, donde conocemos tanto las oportunidades como las dificultades que acompañan el crecimiento turístico, entendemos que ha llegado el momento de actualizar nuestra legislación con una visión de futuro.

Y hay algo que no debemos perder de vista: el turismo no puede desarrollarse de manera aislada de las comunidades donde opera. Su éxito también debe reflejarse en la calidad de vida de sus habitantes, en las oportunidades para nuestros emprendedores y en la conservación de los recursos que hacen atractivo nuestro país.

Después de todo, el desarrollo turístico no debe medirse solamente por la cantidad de visitantes que recibimos o por las inversiones que logramos atraer, sino también por la capacidad que tengamos de convertir esa riqueza en bienestar para nuestra gente.

Ese es el sentido de nuestra propuesta y el debate que aspiramos a promover en el Congreso Nacional.