Londres. (Infobae). La jueza Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres falló este viernes a favor de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV), designada por el opositor Juan Guaidó, en el caso del oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra.
Tras un juicio de cuatro días que acabó el 18 de julio, Cockerill ha considerado que no puede dar por buenas las sentencias del Tribunal Supremo venezolano que anularon los nombramientos de Guaidó a esa junta, al no haber “base legal” en el Reino Unido para hacerlo.
La jueza no ha autorizado sin embargo al equipo opositor acceder a las reservas -debe determinarse en otra audiencia-, a pesar de que la junta sí se considera válida y Guaidó es reconocido por el Gobierno británico como el único presidente legítimo, de forma interina, del país latinoamericano.
La junta del BCV designada por Nicolás Maduro ha indicado que se plantea recurrir el dictamen, que se produce después de que en 2021 el Tribunal Supremo británico ya decidiera sobre varias cuestiones preliminares.
Así, la máxima instancia judicial del Reino Unido estableció que el Ejecutivo de Londres solo reconoce a Guaidó, y no a Maduro, al frente de Venezuela, y que, por tanto, los actos y decisiones del opositor deben considerarse soberanos, en base a la doctrina legal inglesa de Una Sola Voz, que obliga a los estamentos del Estado a proceder unificados en política exterior.
Las autoridades de Caracas y la oposición liderada por Guaidó se enfrentan desde 2019 por el control de 32 toneladas de oro, valoradas en más de mil millones de dólares, custodiadas en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.
Ese año, Guaidó, reconocido como “presidente encargado” por medio centenar de países —incluido el Reino Unido—, nombró mediante la Asamblea Nacional que presidía una junta directiva paralela del BCV.
Esta ordenó al Banco de Inglaterra no entregar los lingotes a la junta oficialista encabezada por Calixto Ortega.
Pero dichos nombramientos, realizados bajo el denonimado “estatuto de transición”, fueron invalidados poco después por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano.
Al cabo de dos años de batalla judicial, la justicia británica reconoció en diciembre a Guaidó como único representante del país, pero ordenó analizar si considera legítima la decisión judicial venezolana que invalidó los nombramientos.
Ahora, con ese paso zanjado, solamente resta saber si le permitirá a la Junta designada por Guaidó acceder a los fondos.
