PUNTA CANA. Con piquetes, marchas, publicaciones en la prensa y otras acciones, los socios de la Cooperativa Herrera (Coopherrera) han dejado escuchar sus voces reclamando justicia en el alegado desfalco del que han sido víctimas.
El drama que viven los afectados con el desfalco a la Cooperativa Herrera, salpica también a ahorrantes de la zona este del país, especialmente en Consuelo, Quisqueya, en San Pedro de Macorís, La Romana y El Seibo, aunque el gran grueso de los ahorrantes de la citada empresa cooperativista es de Santo Domingo.
Uno de los afectados, que prefirió guardar reserva de su nombre, contó a El Tiempo que en Coopherrera estaban los ahorros de toda su vida, unos cuatro millones de pesos que utilizaría para garantizar la educación de sus hijos y para procurar una mejor calidad de la familia.
El escándalo inició el pasado 4 de octubre del 2023, cuando tras las constantes denuncias de los ahorrantes, en torno al mal manejo de la empresa cooperativista, se produjo la intervención de la justicia y fueron apresados los nombrados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Ana Cecilia Tejada Santos, Julio César Minaya, Simona Borsilea, Kenia del Carmen Liriano Pérez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra.
El fraude contra los más de 40 mil socios de la Coopherrera es superior a los RD$2,500 millones de pesos. Esta empresa tenía más de 60 años en el mercado.
ORIGEN DEL CASO
En el 2018, según el expediente del Ministerio Público, se creó una asociación de malhechores, integrada por Jorge Eligio Méndez (principal directivo y ejecutivo de Coopherrera) y por el nombrado Gabriel Santana Borsilea. De acuerdo a esas investigaciones, la estructura respondía de forma exclusiva al presidente de la cooperativa, quien logró de alguna manera ocupar el puesto de Administrador General.
Detalla la investigación que los consejos de administración, vigilancia y el comité de crédito, los integraban familiares y personas de extrema confianza de Eligio Méndez, lo que le permitía manejar los fondos de los socios según su criterio.
Entre las actuaciones graves que descubrió la investigación se cita la simulación de préstamos, creación de certificados financieros sin sustento alguno.
Según el expediente, Simona Borsilea Juan, residente en San Pedro de Macorís, quien es conserje, es poseedora de bienes lujosos, entre ellos un carro Mercedes Benz.
Las indagaciones del caso la realizaron la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, bajo las directrices del Ministerio Pública.
La licenciada Josefina García, maestra del sector público y una de las afectadas dijo que “todos sus ahorros trabajados con mucho esfuerzo, estaban en esa cooperativa. No tenemos ayuda, no contamos con una mano amiga en este problema”.
“Yo quiero hacerle un llamado a Luis Abinader Corona y recordarle una palabra que él dijo en su primera gestión de que en su Gobierno no iba a aceptar la corrupción y ahora señor presidente necesitamos que se haga algo por nosotros los ahorrantes de esta cooperativa. Presidente venga en auxilio de nosotros. Todos los ahorros de mi vida y de mi esposo están ahí, desde el 2005”, dijo desesperada la señora Mayra Díaz.
Todos los socios de Coopherrera tienen su historia en la citada empresa cooperativa, como el señor Cinito Vargas, quien en su desesperación también pidió intervención del Gobierno: “Señor presidente, sabemos que usted quiere dejar un legado de seriedad en su Gobierno, acuda en auxilio de quienes hemos tenido que trabajar mucho para ahorrar nuestro dinero en esa cooperativa”.
Varios de los afectados manifestaron que observaron, antes de destaparse esta situación que la cooperativa no estaba liquidando los ahorros una vez se cumplían los plazos, lo que hizo que comenzaran a sospechar que algo malo estaba pasando.
Dijeron que el Gobierno, garante de las cooperativas a través del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) los ha dejado solos en esta lucha. Recordaron que el pasado mes de marzo, la directiva del órgano regulador de estas empresas con vocación solidaria, publicó en la prensa el alto interés de elaborar un plan para que los socios de la entidad puedan recuperar su dinero, pero el informe de dicho plan debió ser presentado en junio, sin que haya ocurrido, de acuerdo a los afectados.
ETAPA DEL CASO EN LA JUSTICIA
El caso se encuentra en la actualidad en fase de instrucción. Los presuntos responsables del desfalco recibieron medidas de coerción de 18 meses. En esta preliminar está pendiente de discutir las pruebas del caso para determinar si existen elementos de culpabilidad suficientes para ir a juicio de fondo.
La próxima audiencia ha sido fijada para el 27 de septiembre, según se informó al cierre de esta edición. Ante esta nueva audiencia, los socios de Coopherrera esperan que la justicia se pronuncie a favor de ellos y de la recuperación de sus ahorros.
