SANTO DOMINGO. La recién desmantelada red de corrupción expuesta por el Ministerio Público mediante la Operación Lobo utilizó como plataforma principal la contratación de servicios de seguridad privada para infiltrarse en instituciones estatales clave, según revelaron las autoridades este martes.

La investigación, liderada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución, expone cómo se habrían manipulado procesos administrativos a través de sobornos sistemáticos, con el objetivo de asegurar contratos y su continuidad dentro de entidades públicas.

“El esquema operaba principalmente bajo el paraguas de la seguridad privada, un sector que, por lo general, escapa al escrutinio de procesos más estructurados de compras y contrataciones”, explicó una fuente judicial al tanto del caso.

Entre las instituciones afectadas se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Senasa y las tres empresas distribuidoras de electricidad del Estado (EdeNorte, EdeEste y EdeSur), lo que sugiere que el patrón de operaciones tenía alcance nacional y accedía a sectores estratégicos, incluyendo salud, energía y servicios a la niñez.

El operativo incluyó 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y Santiago, con la participación de 26 fiscales y 189 agentes de la Policía Nacional. Como resultado, 14 personas fueron arrestadas y se espera que en las próximas horas se presente la solicitud de medidas de coerción.

La investigación inició a raíz de una denuncia canalizada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, dirigida por Milagros Ortiz Bosch, y ha sido desarrollada bajo la supervisión directa de la procuradora general adjunta Yeni Berenice Reynoso.

Las autoridades indicaron que la estructura usó empresas de fachada y personal vinculado directamente a funcionarios públicos para lograr contratos que, en algunos casos, fueron renovados sin licitación abierta.