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Obispo de diócesis La Altagracia rechaza posición del Gobierno ante el aborto

Jesús Castro Marte
Jesús Castro Marte, obispo diócesis de La Altagracia.

Punta Cana. – A través de un mensaje por la red social Twitter, el obispo de la diócesis de La Altagracia, Jesús Castro Marte, mostró su rechazo a la posición del Gobierno ante el aborto.

«La postura asumida por el presidente en lo relativo al aborto ignora la dignidad de la persona, que siempre es sujeto de derecho, pues la vida es un don divino y un bien jurídico superior que nuestra Constitución protege desde su concepción y no conoce de causales», precisó el obispo.

Esto es debido a entrevista con un medio internacional, en la que el mandatario Luis Abinader aseguró estar en desacuerdo “con el aborto libre” – pero resaltó – “tienen que haber causales que permitan la interrupción del embarazo”.

Ante dichas declaraciones igualmente se pronunció el obispo de la diócesis de Baní, el monseñor Víctor Masalles, quien escribió también a través de Twitter, que «en el mundo de fe ha causado gran pesar que, justo en los días del Nacimiento de Nuestro Salvador, un mandatario exprese apoyo a situaciones en las que no nacidos sean eliminados, sabiendo todos que las causales son la antesala al aborto libre.»

De la misma forma, el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica (Codue) manifestó su negativa a la permisividad del aborto en tres causales.

LA CONSTITUCIÓN

Los artículos de la Constitución dominicana a los que se hacen referencia en medio de este debate son el 37 y 38, en los que se especifica sobre el derecho a la vida y la dignidad humana.

  • Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.
  • Artículo 38.- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.

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