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miércoles, junio 23, 2021

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Califican de intromisión diplomática que ONU opine y presione en el Congreso Nacional sobre el aborto

Bávaro, Punta Cana.- El Movimiento Alianza por la Libertad calificó hoy como una injerencia al Estado Dominicano que el Representante del Secretario General de la Organización de las NacionesUnidas en el país se apersonara a las vistas públicas convocadas por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para discutir el Proyecto de Código Penal.

El abogado José Alberto Ortiz Beltrán,vocero de la institución calificó un hecho sin precedentes que Mauricio Ramírez Villegas, Coordinador Residente de las Naciones Unidas en la República Dominicana, considerando un ultraje contra el Congreso Nacional y una violación a la soberanía nacional permitir que un oficial de una misión extranjera acreditada en el país se inmiscuya en asuntos internos.

“El Artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas prohíbe a los diplomáticos acreditados en un país intervenir en sus asuntos internos”, destacó Ortiz, en una exclusiva para nuestro portal web . “Mucho menos tomar un turno en una vista pública convocada por un poder del Estado, para recibir de la ciudadanía su parecer sobre un proyecto de ley dominicano y que debe ser debatido por los dominicanos”.

Ortiz recordó que el propio Artículo 41 de la Convención de Viena garantiza a las misiones extranjeras mecanismos de participación en el debate interno de los Estados receptores. El convenio internacional exige a esos diplomáticos remitir sus posiciones a los órganos del Estado vía el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“La Misión de la ONU en República Dominicana debió remitir su posición a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados vía el Ministerio de Relaciones Exteriores, como le ordena la Convención de Viena”, afirmó Ortiz. “El brincar los canales institucionales previstos por un convenio internacional auspiciado por las propias Naciones Unidas constituye un acto de grosera intervención en los asuntos internos de la República Dominicana”.

Ortiz recordó que la República Dominicana es un Estado soberano y sus poderes públicos son independientes. Externó la preocupación que la participación de un diplomático extranjero en unas vistas públicas auspiciadas por la Cámara de Diputados para debatir una ley nacional, sienta un precedente peligroso, ya que abre las puertas para que dicha conducta sea imitada en el futuro por otros representantes de organismos y países.

“El Código Penal es un proyecto de ley dominicano y sólo debe ser debatido entre los dominicanos”, destacó Ortiz. “Mucho más en el escenario de la Asamblea Nacional, sede del primer poder del Estado”.

«Yo me pregunto, quién es el Secretario General de la ONU para trazarle pautas al país, sobre lo que debe y lo que no debe aprobar”, continuó Ortiz. “Las naciones son soberanas y sus organismos de decisión también”.

Alianza por la Libertad expuso que es la República Dominicana la que, soberanamente, ha decidido rechazar el aborto bajo causales y mantener la penalización absoluta. Asimismo, no entiende por qué la ONU tiene que comparecer ante un poder del Estado a exigirle aprobar una legislación que ya fue rechazada por una amplia mayoría del pleno de la Cámara.

“Las causales están fuera del escenario”, explicó Ortiz. “El informe de los diputados José Horacio Rodríguez (Alianza País-DN) y Santiago Vilorio (PRM-Hato Mayor) pidiendo la aprobación de las causales fue rechazado por el pleno y 146 de 160 diputados presentes en la primera lectura del Código Penal, aprobaron una legislación que mantiene las penas al crimen del aborto”.

Alianza por la Libertad pide al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recordar a las misiones extranjeras acreditadas en el país que cualquier opinión sobre un proyecto de ley nacional debe ser remitida a la Cámara vía el Ministerio de Relaciones Exteriores, tal y como prevé el Artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

“Nuestra soberanía se defiende y se protege en estos escenarios”, recordó Ortiz. “Si toleramos estas violaciones a nuestra independencia como país, no tendremos autoridad para exigir el respeto que nos merecemos de la comunidad internacional”.

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