WASHINGTON. El Banco Mundial informó en su más reciente reporte que las leyes diseñadas para garantizar la igualdad de oportunidades económicas para las mujeres se aplican, en promedio, solo a medias en el mundo, lo que afecta directamente a millones de mujeres y limita su plena participación en el crecimiento económico global.

El hallazgo forma parte de la nueva edición del informe La mujer, la empresa y el derecho, que por primera vez no solo evalúa la igualdad de las leyes en el papel, sino también su nivel de cumplimiento.

Según el estudio, aunque el país promedio obtiene 67 de 100 puntos en legislación sobre igualdad económica, la calificación baja a 53 cuando se mide la aplicación real de esas normas y desciende a 47 al evaluar los sistemas necesarios para hacer efectivos esos derechos.

El informe señala que solo el 4 % de las mujeres vive en economías con igualdad legal casi plena y que, incluso si las leyes se aplicaran en su totalidad, las mujeres tendrían apenas dos tercios de los derechos legales que poseen los hombres.

Indermit Gill, economista en jefe del Banco Mundial, advirtió que estas brechas representan una pérdida significativa de potencial para las economías en desarrollo. Por su parte, Norman Loayza, director del Grupo de Indicadores de Políticas, señaló que la seguridad frente a la violencia es una de las principales deficiencias, ya que reduce la capacidad de las mujeres para trabajar de forma constante.

El documento analiza 10 áreas clave de la participación económica femenina, entre ellas la protección laboral, el acceso al cuidado infantil, la propiedad de activos y la seguridad en la jubilación. En materia de seguridad, el informe indica que solo existe un tercio de las leyes necesarias a nivel mundial y que, aun cuando están vigentes, su aplicación es deficiente en el 80 % de los casos.

El estudio también destaca avances en algunos países. Egipto, Jordania y Omán han impulsado reformas recientes, siendo Egipto el que más cambios ha introducido en los últimos dos años, incluyendo la ampliación de la licencia parental remunerada y la exigencia de igualdad salarial.