(AFP) El arranque del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia ha sufrido más de un revés en su aspiración por extinguir la guerra interna. Los grupos armados se fortalecen en medio de atropelladas negociaciones de paz, mientras la presión militar disminuye y crece el narcotráfico.
En el poder desde agosto, el presidente Gustavo Petro se comprometió a negociar una salida pacífica al conflicto con los grupos que siguieron en armas tras el acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las FARC.
El 31 de diciembre anunció un cese al fuego bilateral con las organizaciones armadas más poderosas como antesala a los diálogos, pero dos de las treguas ya fracasaron.
En un país desangrado por medio siglo de conflicto armado, las políticas de seguridad han marcado la agenda de los gobiernos. El de Petro hizo una ambiciosa apuesta por la paz y dio un giro a la lucha contra el narcotráfico para centrarla más en la prevención que en la represión, en el país que más cocaína produce en el mundo.
Pero el camino hacia la llamada “paz total” de Petro resultó minado de obstáculos.
“Hay una falta de liderazgo en el sector de seguridad y defensa (…) acompañando de una disminución de la operatividad de la fuerza pública, una disminución de indicadores como erradicación de cultivos ilícitos y además incluso el aumento de la violencia”, resumió el experto en conflicto Jorge Mantilla.
Sin tregua
Es la segunda vez que el gobierno debe desempolvar el arsenal que prometió guardar en Año Nuevo.
Dos días después de anunciar la tregua con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla guevarista negó haber llegado a tal acuerdo y el gobierno reanudó la presión militar contra los rebeldes.
El domingo fue el turno del Clan del Golfo. El mayor cartel del narco violó el cese al fuego con ataques contra la fuerza pública y civiles en alianza con mineros ilegales. Entonces Petro relanzó la guerra contra el ejército mafioso.
“Lo que ha mostrado la evidencia internacional es que el cese al fuego funciona cuando es producto de una negociación de paz. En este gobierno por el contrario ha sido el inicio de esta política (…) bajo la idea que va a propiciar unas condiciones para poder conversar”, complementó Mantilla.
Paro minero
El Clan del Golfo hizo una exhibición de fuerza en el Bajo Cauca (noroeste), una región de más de 8.400 kilómetros de extensión rica en oro. Mineros ilegales, que según el gobierno obedecen al Clan, cerraron vías, incineraron vehículos y atacaron poblados.
“En algunos momentos” reinó “la zozobra y el miedo”, dijo a la AFP un habitante de la zona que pidió el anonimato.
El domingo el cartel rebasó la copa del gobierno cuando atacó con disparos a la fuerza pública en medio del paro de mineros que ya completaba 19 días.
Petro reconoció que el Clan del Golfo se fortaleció en las minas sin la persecución de la fuerza pública. El mismo fenómeno podría replicarse en otras regiones, donde los grupos armados tienen una “gobernanza criminal”, dijo a la AFP Erich Saumeth Cadavid, experto en temas de seguridad.
“Dictan normas de manera ilegal, ejercen un control territorial militar (y) socio-económico sobre la comunidad”, concedió.
Tropas desmotivadas
Una protesta contra la petrolera Emerald Energy en San Vicente del Caguán (sur) se tornó violenta y puso en aprietos al gobierno.
Más de 70 policías bajo la orden presidencial de no responder con violencia estuvieron retenidos dos días a manos de manifestantes. Uno de ellos fue asesinado y la imagen de su cuerpo envuelto en una bolsa plástica recorrió la prensa, que señaló falta de motivación entre las tropas citando fuentes militares.
Un coronel del ejército dijo en febrero a la AFP bajo reserva que sus hombres están confundidos ante las treguas y no saben cómo reaccionar en zonas donde impera la violencia.
Según Mantilla hay poca “claridad” frente a la “clasificación de los grupos armados”, no se sabe quiénes son actores políticos o narcos y las autoridades quedaron “en una suerte de zona gris”.
