PUNTA CANA. Los cinco vocales de la Junta Municipal de Verón-Punta Cana reaccionaron con firmeza ante las recientes declaraciones del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien sostuvo que la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial no puede aplicarse hasta que se emita su reglamento de implementación.

La reacción de los vocales se produce luego de que el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo indicara en un documento dirigido al Mived que, hasta tanto no se emita el reglamento, los distritos municipales no pueden ejercer la potestad de autorizar el uso de suelo, pese a lo que establece la propia ley.

Dionisio López fue tajante al calificar de contradictoria la postura del Gobierno. “Quien ha dado muestras claras de no cumplir la Constitución y las leyes es el presidente de la República, cuando ha dicho que Verón-Punta Cana e Higüey deben llegar a un acuerdo, cuando hay una ley que propusieron ellos mismos y que promulgó el propio presidente”, afirmó López.

También, señaló que tanto el presidente Abinader como Antoliano Peralta habían asegurado anteriormente que muchas leyes no requieren protocolos de aplicación para entrar en vigor. “Y sin embargo, ahora dicen que necesitan tener un reglamento. Hay una contradicción bien clara. Verón-Punta Cana debe estar unido ante esto”, declaró López, del Partido Fuerza del Pueblo.

En la misma línea, el vocal Wagner Encarnación, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), manifestó que el distrito turístico se encuentra en un limbo jurídico debido a la disputa por los arbitrios entre los ayuntamientos. “Nosotros, acogidos a la Ley de Ordenamiento Territorial, creímos en la palabra del presidente cuando dijo que la ley se podía llevar sin el reglamento. Ahora resulta que no. Yo veo esto como un tema político. Si nosotros nos hubiésemos juramentado en el PRM, esa ley estuviera vigente ahora mismo”, denunció Encarnación.

Por su parte, la vocal Marcelle Flores, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consideró que la postura oficial empuja a una negociación forzosa. “Es una decisión desacertada que me da a pensar que presionan a una negociación obligatoria que perdure en el tiempo, cuando deben buscar la manera de que el Gobierno tome responsabilidad con el pueblo higueyano”, afirmó. Flores también advirtió que esta situación podría provocar manifestaciones ciudadanas. “La población puede salir a las calles a exigir lo que le corresponde”, dijo.

A las voces críticas se sumó también el vocal Uridy Marte, del PLD, quien enfatizó que la propia Ley 368-22 establece que, si transcurren nueve meses tras su promulgación sin que se emita un reglamento, esta puede aplicarse de manera automática. “Por tanto, es legal su aplicación, toda vez que hayan transcurrido los plazos establecidos”, explicó. Marte criticó directamente la interpretación del Consultor Jurídico, afirmando que la ambigüedad está siendo generada desde el Poder Ejecutivo. “Creo que la parte ambigua de la ley la está colocando él, sabiendo que en todos los casos ya se puede aplicar dicha ley. Sujetar su aplicación a un reglamento es limitar una pieza conquistada por un país que crece cada día en términos de municipalidad”, argumentó.

El vocal concluyó advirtiendo que las declaraciones del Ejecutivo deben examinarse con cautela. “Lo que diga el Poder Ejecutivo debemos verlo con lupa, porque pudiera estar enfocado más en una respuesta y compromiso político que en una respuesta imparcial y sin ambigüedades”, puntualizó.

El vocal Raúl Polanco, del PRM, calificó como improcedente la postura del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo al condicionar la aplicación de la Ley 368-22 a la emisión de un reglamento. “Consideramos que la comunicación enviada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo es improcedente al querer impedir que se aplique la Ley 368-22 por no contar con un reglamento. Él mismo ha expresado en reiteradas ocasiones, citando la Constitución de la República en su artículo 109 y el Código Civil, que la falta de un reglamento no impide la aplicación de una ley después que ya es conocida”, señaló Polanco, reafirmando que la normativa está en plena vigencia.