ECUADOR. La activista polaca Monika Silva, de 41 años, fue hallada sin vida el pasado 8 de junio en su vivienda de Montañita, provincia de Santa Elena, Ecuador. Aunque inicialmente se planteó la posibilidad de un suicidio, los resultados de la autopsia determinaron que se trató de una muerte violenta, por lo que el caso es investigado como un presunto feminicidio.

Silva residía desde hacía varios años en Ecuador y era conocida por sus denuncias sobre presuntos actos de corrupción, irregularidades en contratos públicos, conflictos relacionados con tierras y posibles daños ambientales en la provincia de Santa Elena.

Además, formaba parte de la Fundación La Integridad, organización dedicada a promover la transparencia y la defensa del medioambiente.

Según datos obtenidos por el portal France24, la representación legal de la familia, asumida por el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (Cepam) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, tuvo acceso a los resultados de la autopsia, que señalan la existencia de lesiones compatibles con una muerte violenta.

De acuerdo con medios ecuatorianos que citan el informe forense, Silva presentó un golpe premortem en la cabeza y signos compatibles con estrangulamiento. A raíz de estos hallazgos, la hipótesis de suicidio perdió fuerza dentro de la investigación.

Antes de su muerte, la activista había denunciado supuestas irregularidades en proyectos públicos, ventas de terrenos y otros asuntos relacionados con la gestión de recursos en Santa Elena. También, según colaboradores y organizaciones locales, realizaba indagaciones sobre casos de alto interés público que involucraban a figuras políticas y empresariales.

El caso ha generado reacciones de organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Unión Europea y relatores de las Naciones Unidas han solicitado a las autoridades ecuatorianas una investigación exhaustiva que contemple su labor como defensora de derechos y denunciante de posibles actos de corrupción.

Mientras continúan las pesquisas, el Gobierno ecuatoriano informó que cuenta con la participación de peritos internacionales para fortalecer el proceso investigativo y esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Silva.