WASHINGTON. La Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos detuvo el miércoles una de las medidas más controversiales del presidente Donald Trump: los aranceles recíprocos del 10% al 50% impuestos en abril a la mayoría de los productos importados, alegando motivos de seguridad nacional y combate al tráfico de drogas.

Según datos obtenidos por la Agencia AFP, el fallo, que desarma gran parte del nuevo andamiaje arancelario impulsado por Trump, representa no solo un revés económico para su estrategia comercial, sino una clara advertencia institucional: el presidente no puede arrogarse poderes legislativos en materia de comercio exterior, ni siquiera bajo el amparo de leyes de emergencia.

“No hay carta blanca para imponer tarifas”

En su decisión, los tres jueces del tribunal destacaron que Trump se excedió al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional de 1977 (IEEPA), que permite al presidente actuar en situaciones extraordinarias, pero no le otorga autoridad ilimitada para imponer aranceles sin control del Congreso.

“El Congreso no otorgó poderes sin límites al presidente”, sentencia el fallo, que califica como inconstitucional cualquier interpretación que permita al Ejecutivo regular el comercio exterior mediante decretos, sin intervención legislativa.

Los jueces enfatizan que el uso de la IEEPA en este contexto es improcedente, y que el argumento de Trump —que vinculaba los aranceles a la lucha contra el tráfico de fentanilo— no justifica la aplicación generalizada de tarifas a países como Canadá, México o China, ni mucho menos la imposición de aranceles de hasta el 50% por vía ejecutiva.

Una coalición inusual, un mismo mensaje: basta de excesos

La demanda fue presentada por una alianza diversa: doce estados —entre ellos Arizona, Oregón, Nueva York y Minnesota— y un grupo de empresas que denunciaron no solo el impacto económico de los aranceles, sino también lo que consideraron un “peligroso precedente” de concentración de poder en la figura del presidente.

Para muchos observadores, el fallo marca un regreso al equilibrio institucional y una señal de que los jueces están dispuestos a frenar lo que califican como “hiperpresidencialismo económico”.

“Una delegación ilimitada de autoridad arancelaria constituiría una cesión indebida del poder legislativo a otra rama del gobierno”, escribió uno de los jueces en una opinión separada que acompañó el dictamen principal.

Reacciones: entre el rechazo oficial y la celebración internacional

La administración Trump reaccionó con dureza. El portavoz Kush Desai acusó al tribunal de extralimitarse en sus funciones: “No corresponde a jueces no elegidos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional. El presidente Trump está comprometido con usar todo el poder ejecutivo para restaurar la grandeza estadounidense”.

Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos a Trump, denunció en la red social X lo que calificó como “otro golpe judicial fuera de control”.

Pero fuera del círculo trumpista, las reacciones fueron distintas. Gregory W. Meeks, demócrata y presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, celebró el fallo:> “La sentencia confirma lo que hemos venido advirtiendo: estos aranceles constituyen un abuso ilegal del poder ejecutivo”.

Desde Pekín, el Ministerio de Comercio de China pidió a EE. UU. eliminar por completo los aranceles “unilaterales e injustificados”, mientras que las bolsas asiáticas y europeas respondieron con subidas, celebrando lo que consideran un alivio para la economía global.

Implicaciones a futuro: ¿límites a la política «Estados Unidos primero»?

La sentencia pone en jaque la doctrina de política comercial agresiva que Trump ha defendido desde su primera presidencia y que ha prometido continuar si retorna al poder. Durante su mandato, Trump ha aplicado aranceles de manera intermitente para presionar a gobiernos extranjeros a renegociar acuerdos, reducir déficits o actuar sobre temas como las drogas y la migración.

Aunque los aranceles al acero, aluminio y vehículos no se ven afectados por este fallo, la decisión debilita la base legal de cualquier futura política comercial unilateral basada en la IEEPA.

Con la campaña electoral en marcha, este revés judicial también abre una puerta al debate público: ¿debe el presidente tener tanto poder para alterar la economía nacional e internacional con una firma? ¿O debe el Congreso recuperar su rol protagónico en la política comercial?

Por ahora, la Casa Blanca tiene 10 días para suspender los aranceles o insistir en su apelación. Pero la batalla más profunda se libra en otro terreno: el del control institucional frente al poder concentrado.

Fuente: Agencia AFP