FRANCIA. El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, intentó dimitir el lunes, pero el presidente Emmanuel Macron le pidió que permanezca en el cargo y presente medidas para reforzar la seguridad en las calles y llevar ante la justicia a los responsables de los disturbios registrados el sábado, durante manifestaciones contra el costo de la vida y el deterioro de los servicios públicos, según informó la BBC.

Las protestas reunieron a más de medio millón de personas, en su mayoría pacíficas, pero terminaron con saqueos, daños a establecimientos comerciales y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

Según el reporte, alrededor de 1,500 tiendas y negocios fueron saqueados o destruidos.

La policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud. También se reportaron agresiones con porras contra manifestantes. El Ministerio del Interior informó que cerca de 1,000 agentes resultaron heridos, siete de ellos de gravedad.

La respuesta de las autoridades ha generado críticas contra Nuñez, a quien opositores políticos, sindicatos y usuarios de redes sociales señalan por una supuesta falta de preparación y una presencia policial insuficiente para controlar las movilizaciones.

Ante la situación, la presidenta de la Asamblea Nacional francesa, Yaël Braun-Pivet, manifestó su intención de impulsar una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Macron, bajo presión política

El domingo por la noche, Macron se dirigió a la nación en un discurso televisado en el que pidió unidad y aseguró que los responsables de los actos violentos serían castigados. Sin embargo, su intervención recibió críticas en los medios franceses por no presentar medidas concretas para resolver la crisis.

La secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, cuestionó al mandatario por no abordar las preocupaciones relacionadas con el costo de la vida, la educación y el deterioro de los servicios públicos.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, encabezó el lunes una reunión del gabinete de crisis y anunció que había solicitado a los prefectos establecer toques de queda parciales y localizados para proteger, especialmente, los establecimientos comerciales.

Las autoridades también enfrentan interrogantes sobre cómo se identificarán y sancionarán a los responsables de los saqueos, qué mecanismos se utilizarán para compensar a los negocios afectados y cuándo se abrirá un diálogo con los sindicatos de estudiantes y docentes.

La crisis se desarrolla en un escenario de fuerte división política, dificultades financieras y creciente presión sobre el Gobierno para controlar la deuda pública sin profundizar el malestar social mediante recortes a los servicios y las ayudas sociales.

Macron y Lecornu atribuyeron los disturbios a grupos radicales de extrema izquierda y delincuentes. Por su lado, el dirigente de izquierda Jean-Luc Mélenchon acusó al Gobierno de incompetencia, mientras que Marine Le Pen responsabilizó a la administración de Macron por la situación.

De acuerdo con la BBC, sindicatos y representantes del movimiento de los chalecos amarillos anunciaron nuevas movilizaciones para el 5 de noviembre, lo que mantiene la preocupación de las autoridades ante la posibilidad de nuevos episodios de violencia.

La incertidumbre sobre la seguridad, la respuesta gubernamental y las demandas sociales mantiene a Francia bajo presión, mientras los principales actores políticos intercambian acusaciones en medio de una crisis que combina descontento ciudadano, dificultades económicas y confrontación partidista.