El Salvador. Un hombre murió días después de ser atacado a pedradas por dos sujetos el pasado 29 de octubre en Izalco, municipio de Sonsonate Este, en la zona occidental de El Salvador. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que ambos presuntos agresores fueron detenidos.

Según el reporte policial, la víctima sufrió lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo durante la agresión, por lo que fue trasladada a un centro hospitalario, donde falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Óscar Corado, de 24 años, y Eduardo Hernández, de 25, a quienes señalan de participar en el ataque con objetos contundentes.

La PNC no ha informado sobre el móvil de la agresión, la identidad de la víctima ni si existía alguna relación previa entre los involucrados. El caso permanece bajo investigación para establecer las circunstancias en que ocurrió.

Octubre cerró con cuatro homicidiosLa muerte registrada en Sonsonate Este ocurrió al cierre de octubre, mes durante el cual El Salvador contabilizó cuatro homicidios, según las estadísticas oficiales de la Policía.

Los casos fueron reportados los días 7, 17, 30 y 31, con una víctima en cada jornada.La cifra representa un promedio de 0.1 homicidios diarios y contrasta con octubre de 2018, cuando se registraron 239 asesinatos, para una media de 7.7 por día.

En ese año, las jornadas más violentas fueron el 10 y el 24 de octubre, con 15 homicidios cada una. La comparación entre ambos períodos refleja una reducción de 235 muertes, equivalente a aproximadamente un 98.3 %.

El Gobierno salvadoreño atribuye la reducción de los homicidios a las medidas de seguridad implementadas durante los últimos años, entre ellas el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

La disposición amplió las facultades de las fuerzas de seguridad para realizar detenciones y suspendió temporalmente algunas garantías constitucionales. También se mantienen los operativos policiales y militares, los patrullajes y los controles territoriales en comunidades consideradas prioritarias.

El Ejecutivo sostiene que estas acciones han debilitado la capacidad operativa de las pandillas y reducido delitos como homicidios, extorsiones y amenazas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado la aplicación del régimen de excepción por denuncias de detenciones arbitrarias y restricciones a las garantías procesales.

Mientras continúa la investigación por la muerte en Izalco, la PNC no ha precisado si los detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía ni cuándo se conocerá la audiencia inicial.