Guatemala. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social reveló que el 66.2% de la fuerza laboral en Guatemala se desempeña en el sector informal, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) correspondiente al segundo trimestre de 2025.

De los 8.2 millones de personas que integran la fuerza de trabajo, la mayoría labora sin acceso a derechos básicos, lo que evidencia una brecha significativa entre la legislación laboral vigente y la realidad del mercado.

Aunque la Constitución guatemalteca reconoce derechos como la libre elección de empleo, salarios justos y estabilidad laboral, y el país ha ratificado convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estos principios no se reflejan plenamente en la práctica.

Uno de los datos más relevantes es que solo el 20.2% de los trabajadores cuenta con acceso al seguro social. Esto deja a ocho de cada diez personas sin protección ante enfermedades, accidentes laborales o la vejez.

La alta informalidad impacta directamente en la calidad de vida de los trabajadores, quienes suelen percibir ingresos más bajos y carecen de beneficios como aguinaldo, bono 14 y vacaciones pagadas.

Además, esta situación limita la recaudación fiscal del Estado, reduciendo los recursos disponibles para invertir en áreas clave como salud, educación e infraestructura, lo que afecta el desarrollo del país.

A este panorama se suma el subempleo, que alcanza al 13.6% de la población, reflejando que muchas personas trabajan menos horas de las que necesitan o en condiciones que no corresponden a sus capacidades.

El Ministerio de Trabajo reconoce que, aunque la informalidad funciona como una salida ante la falta de empleos formales, también genera efectos negativos a largo plazo, como la dificultad para acceder a créditos, la falta de ahorro y la competencia desigual entre empresas.

En este contexto, el reto para las autoridades sigue siendo ampliar las oportunidades de empleo formal y garantizar condiciones laborales que permitan mejorar la calidad de vida de la población.