PERÚ. El Congreso de la República del Perú destituyó este viernes, de manera exprés, a la presidenta Dina Boluarte, tras aprobar cuatro mociones de vacancia que declararon su “incapacidad moral permanente” para ejercer el cargo.

La mandataria fue removida con 122 votos a favor de un total de 130, muy por encima de los 87 necesarios, en una sesión en la que decidió no presentarse a ejercer su defensa.

Con esta destitución, Perú suma otro capítulo a su interminable crisis política, marcada por la caída, juicio o prisión de casi todos sus presidentes democráticos de las últimas tres décadas, en una cadena de escándalos de corrupción que ha minado la confianza ciudadana en las instituciones.

De Fujimori a Boluarte: presidentes en el banquillo

El caso más emblemático es el de Alberto Fujimori (1990–2000), condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Su régimen fue el inicio de una etapa en la que la concentración del poder y el uso indebido de los recursos públicos sentaron las bases de un patrón de impunidad.

Aunque fue indultado en 2023 por razones humanitarias, su legado continúa siendo símbolo de autoritarismo y corrupción. Su sucesor, Alejandro Toledo (2001–2006), fue extraditado desde Estados Unidos y condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El ex mandatario, que llegó al poder como símbolo de la lucha contra la corrupción, terminó repitiendo las mismas prácticas que prometió erradicar.

Alan García, quien gobernó en dos períodos (1985–1990 y 2006–2011), también fue alcanzado por el escándalo Odebrecht. En abril de 2019, cuando la Policía llegó a su casa para detenerlo, el líder aprista se suicidó de un disparo en la cabeza, negándose a enfrentar lo que consideraba una persecución política.

Su muerte conmocionó al país y reveló la profundidad del deterioro moral en la clase dirigente. La lista continúa con Ollanta Humala (2011–2016), investigado junto a su esposa Nadine Heredia por lavado de activos y presuntos aportes ilegales de campaña.

Le sigue Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018), obligado a renunciar tras comprobarse vínculos financieros con Odebrecht a través de su empresa consultora Westfield Capital. Ollanta fue condenado 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos agravado, tras demostrarse que recibió aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

También fue sentenciada su esposa, Nadine Heredia, con la misma pena de 15 años. Su hermano, Ilán Heredia, recibió 12 años de prisión.

Alejandro Toledo fue condenado en octubre de 2024 a 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos, en el marco del caso Odebrecht.

La condena se relaciona con sobornos por US$ 35 millones que supuestamente fueron pagados por Odebrecht para que le adjudicara los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, perjudicando al Estado.

En septiembre de 2025 recibió una segunda sentencia de 13 años y cuatro meses de cárcel por lavado de activos, por la adquisición de propiedades inmobiliarias en Lima utilizando fondos provenientes de sobornos, los que habrían sido blanqueados mediante una empresa offshore en Costa Rica.

Vizcarra y Castillo: el poder efímero

La caída de Martín Vizcarra (2018–2020) confirmó que la inestabilidad política en Perú había pasado de ser una excepción a convertirse en la norma. Acusado de recibir sobornos cuando fue gobernador de Moquegua, Vizcarra fue destituido por el Congreso en 2020 y hoy enfrenta prisión preventiva mientras la Fiscalía solicita 15 años de cárcel.

Le siguió Pedro Castillo (2021–2022), un maestro rural que llegó al poder con un discurso popular, pero cuya gestión terminó envuelta en denuncias por corrupción y tráfico de influencias.

Su intento de disolver el Congreso fue considerado un golpe de Estado, lo que provocó su destitución inmediata y encarcelamiento. Desde entonces, el país no ha logrado estabilizarse.

Dina Boluarte: último eslabón de una cadena rota

La ahora expresidenta Dina Boluarte asumió el poder tras la caída de Castillo, convirtiéndose en la primera mujer en gobernar el país. Su gestión, sin embargo, no escapó a los escándalos. Enfrentó denuncias por enriquecimiento ilícito, uso indebido de bienes del Estado y presunta corrupción de funcionarios, además de la polémica por sus relojes de lujo, el conocido “Rolexgate”.

A ello se sumó la creciente crisis de inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado, problemas que deterioraron su imagen y generaron una ola de protestas sociales. Finalmente, el Congreso la destituyó este 10 de octubre de 2025, cuando faltaban apenas seis meses para las elecciones generales.

Una democracia en crisis

Desde el año 2018, el Perú ha tenido seis presidentes y múltiples crisis de gobernabilidad, un récord que refleja una profunda fragilidad institucional. La figura de la “incapacidad moral permanente”, utilizada repetidamente para destituir mandatarios, se ha convertido en una herramienta política más que constitucional.

Analistas coinciden en que el país atraviesa una crisis estructural, donde la corrupción, la falta de partidos sólidos y la pugna entre el Ejecutivo y el Congreso han convertido la democracia peruana en un campo de batalla constante.

En palabras de un exministro peruano, “en el Perú no hay presidentes que terminen su mandato; hay presidentes que terminan en prisión”.

Mientras la nación busca nuevamente un rumbo, el eco de la corrupción y la inestabilidad sigue marcando la historia reciente del país andino, un lugar donde el poder parece ser, más que un mandato ciudadano, una condena anunciada.