PUNTA CANA. En la Junta Municipal Verón-Punta Cana, las resoluciones municipales son tan abundantes como las manos que se levantan en cada sesión de la Junta de Vocales para aprobarlas a unanimidad. Pero ¿qué seguimiento reciben estas decisiones y quién responde cuando no se cumplen?

Mientras los vocales cuestionan la falta de voluntad política y de acciones concretas para responder a problemas que afectan a las comunidades, el director distrital, Ramón Antonio Ramírez (Manolito), defiende la necesidad de realizar estudios técnicos, coordinar con otras instituciones y evaluar la disponibilidad presupuestaria antes de aplicar determinadas medidas.

Estas resoluciones aprobadas por la Junta de Vocales entre 2024 y 2026 abordan problemas relacionados con el tránsito, la identificación de calles, la regulación de actividades en espacios públicos y la construcción de obras municipales.

Medidas de tránsito y circulación

Entre las disposiciones aprobadas figura la Resolución 122-2024, del 9 de abril de 2024, que contempla cambios en la circulación por la avenida España y la calle Don Elpidio, además de la identificación y numeración de calles en Hoyo de Friusa, Altos de Friusa y sectores cercanos.

La resolución también establece horarios para la carga y descarga de mercancías en las avenidas Punta Cana, Barceló, España, Estados Unidos y Alemania. De lunes a viernes, estas operaciones están previstas de 10:00 a 11:30 de la mañana y de 2:00 a 4:00 de la tarde; los sábados, de 9:00 de la mañana al mediodía, mientras que los domingos están prohibidas.

Por su parte, la Resolución 123-2024 restringe la circulación por las avenidas España, Alemania, Estados Unidos, Francia, Barceló y Punta Cana de camiones que transporten caliche y otros materiales de construcción y que no cuenten con una carta de ruta emitida por la Junta Distrital.

El presidente de la Junta de Vocales, Uridy Marte, cuestionó que medidas relacionadas con el tránsito, como la prohibición de estacionamiento en determinados puntos y la circulación en una sola dirección por calles estrechas o congestionadas, no se traduzcan necesariamente en acciones concretas, pese a las quejas de los residentes.

Ramírez de la Rosa explicó que algunas decisiones sobre circulación requieren estudios técnicos, evaluación de rutas alternas y coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). Sostuvo que estas medidas deben analizarse antes de su aplicación para determinar su viabilidad operativa.

Calles y espacios públicos

La Resolución 186-2026 contempla regulaciones para el transporte de materiales de construcción y sanciones por depositarlos en las vías públicas. El vocal Dionicio López advirtió sobre las consecuencias que pueden tener los residuos de estos materiales, especialmente cuando obstruyen los drenajes y agravan los problemas durante las lluvias.

En materia de identificación vial, la Resolución 137-2024 autoriza la asignación de nombres a calles del sector Campo Verde. La Resolución 146-2024, aprobada el 11 de diciembre de ese año, dispone nombrar una vía de servicio que conecta la calle Jerusalén con la calle Pastor Domingo de la Cruz en honor a Teófilo Martínez Álvarez, conocido como Chavonero.

A estas medidas se suma la Resolución 178-2026, del 25 de marzo de 2026, que asigna los nombres Bahía, Tortuga, Perla Blanca y Sirena a cuatro calles del Ensanche Punta Cana.

Marte afirmó que algunas resoluciones destinadas a identificar calles llevan años sin ejecutarse, incluso cuando, según indicó, se han aprobado recursos para esos fines. Consideró que la falta de aplicación afecta la organización territorial y dificulta que los residentes dispongan de direcciones correctamente identificadas.

Otra disposición, la Resolución 135-2024, del 12 de junio de 2024, prohíbe la actividad de limpiavidrios en espacios públicos y semáforos de Verón-Punta Cana y faculta al director distrital para establecer las normas de aplicación.

La vocal Marcelle Flores explicó que algunas medidas aprobadas no llegan a materializarse, entre ellas la instalación de señales de tránsito. Según señaló, la falta de recursos suele citarse como una de las razones para no ejecutar determinadas acciones.

Motoconchos y solares abandonados

La Resolución 164-2025, del 1 de octubre de 2025, aprueba un reglamento para la gestión y operación del transporte en motoconcho en Verón-Punta Cana y dispone la adopción de medidas para su implementación.

En tanto, la Resolución 165-2025 autoriza la asignación de nombres a calles del sector Brisa de Paz y contempla la ejecución de esa medida.

En junio de 2026, el Concejo también aprobó disposiciones sobre la limpieza de solares y el control del ruido. La Resolución 187-2026 autoriza la creación de normas obligatorias para la limpieza de terrenos baldíos o abandonados, mientras que la Resolución 188-2026 establece regulaciones para controlar la contaminación sónica generada por colmadones, colmados, negocios de bebidas y billares en zonas urbanas.

Esta última contempla medidas para mantener el sonido dentro de los establecimientos, con excepciones para la zona turística y las plazas comerciales.

López consideró que las medidas relativas a los solares abandonados requieren una aplicación efectiva para evitar que estos espacios se conviertan en focos de acumulación de desperdicios. Sin embargo, las disposiciones aprobadas requieren actuaciones administrativas que permitan llevar sus objetivos a la práctica.

Parada de autobuses

La Resolución 189-2026, aprobada el 15 de junio de 2026, dispone retirar la parada de autobuses ubicada en la prolongación de la avenida España, frente a Plaza Friusa.

La decisión forma parte de las medidas orientadas a reorganizar la circulación y el uso de los espacios públicos. No obstante, para determinar el grado de cumplimiento de esta disposición es necesario establecer si la parada fue retirada y qué actuaciones se llevaron a cabo para ejecutar lo aprobado.

Un mercado por RD$60 millones

La Resolución 170-2025, del 18 de diciembre de 2025, autoriza los procedimientos de contratación para construir un play de béisbol, con una inversión estimada de RD$20 millones, y un mercado municipal, valorado en RD$40 millones.

La disposición contempla gestionar la contratación de ambas obras, aunque el presupuesto de 2025 incluía recursos para una primera etapa. Por ello, también se planteó la posibilidad de comprometer fondos de ejercicios presupuestarios posteriores y coordinar los aspectos técnicos y presupuestarios.

Consultado sobre el estado de los proyectos, Ramírez de la Rosa indicó que tanto el play como el mercado se encontraban en proceso de licitación al momento de la entrevista.

En el caso del mercado, explicó que se descartó una ubicación considerada inicialmente debido al costo de construir la vía de acceso. Agregó que una empresa privada ofreció terrenos próximos al cruce de Verón como alternativa.

La información ofrecida por el director distrital permite conocer el estado que atribuyó a los procedimientos en ese momento. Sin embargo, para confirmar la evolución de las obras sería necesario consultar los documentos de contratación y establecer si se produjo una adjudicación o si comenzaron los trabajos.

Terrenos municipales

La Resolución 191-2026 autoriza la contratación de dos abogados y un agrimensor para trabajar en la recuperación de terrenos pertenecientes al gobierno local.

La iniciativa fue presentada por Uridys Marte Cruz el 2 de junio de 2026 y faculta a la administración distrital para contratar a los profesionales y realizar los procedimientos legales y registrales correspondientes.

La aprobación constituye una autorización para emprender las gestiones, pero no demuestra por sí sola que los profesionales hayan sido contratados ni que los terrenos hayan sido recuperados. Para conocer los resultados de la medida, es necesario verificar las contrataciones y las actuaciones posteriores.

Diferencias sobre responsabilidades

Las declaraciones de los representantes consultados reflejan diferencias sobre el origen de los retrasos y la forma en que deben ejecutarse las decisiones del Concejo.

Marte planteó que la Sala Capitular y la administración ejecutiva deben reunirse para revisar las resoluciones aprobadas, definir prioridades y coordinar su aplicación. A su juicio, la falta de respuestas y acciones mantiene algunas iniciativas sin ejecución.

También sostuvo que las propuestas presentadas por los vocales no reciben el mismo nivel de atención que las impulsadas desde la administración.

Ramírez de la Rosa, por su parte, destacó que algunas resoluciones se aprueban sin suficiente consulta con la administración ejecutiva. Indicó que, en asuntos como el tránsito, no basta con aprobar una medida, sino que es necesario estudiar sus efectos, coordinar con las instituciones competentes y determinar si existen las condiciones técnicas, operativas y presupuestarias para aplicarla.

El director distrital también afirmó que no había recibido un informe formal de los vocales que reuniera las resoluciones pendientes de ejecución. Esta diferencia apunta a la necesidad de establecer mecanismos compartidos para identificar las disposiciones aprobadas, determinar quiénes son responsables de ejecutarlas y conocer el estado de cada proceso.

Flores atribuyó parte de la falta de resultados a la ausencia de voluntad política y a las limitaciones de recursos que, según dijo, se alegan para no implementar determinadas medidas. López, por su parte, insistió en que las resoluciones deben traducirse en acciones que respondan a problemas concretos de las comunidades.

Desde la Red Comunitaria Verón-Bávaro, su director, Alciviade Rodríguez, propuso crear un comité de seguimiento que permita identificar a los responsables de cada resolución, conocer las instituciones involucradas y facilitar el acceso de la ciudadanía a los documentos aprobados. Rodríguez también percibe una disminución de la participación comunitaria, que relaciona con la falta de resultados visibles, aunque no se aportaron registros de asistencia que permitan cuantificar esa tendencia.