PUNTA CANA. La diputada Carmen de la Rosa, solicitó el 16 de marzo de 2026 al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, colocar en agenda un proyecto de resolución que recomienda al presidente Luis Abinader instruir al Ministerio de Turismo a gestionar acuerdos público-privados para construir y poner en funcionamiento un tren entre el municipio de Higüey y el distrito municipal de Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia.

La iniciativa plantea que el sistema ferroviario sirva para trasladar diariamente a empleados públicos y privados que viven en Higüey y laboran en Punta Cana, además de convertirse en una alternativa de transporte para turistas que deseen visitar atractivos históricos, religiosos y culturales de la provincia.

El proyecto sostiene que el crecimiento económico y turístico de La Altagracia ha elevado la demanda de transporte entre ambas demarcaciones, mientras el aumento del flujo vehicular genera mayores tiempos de desplazamiento y congestión en las vías.

De acuerdo con la propuesta, el tren permitiría reducir los tiempos de traslado de los trabajadores, disminuir sus gastos de transporte y ofrecer una opción considerada más eficiente y sostenible para la movilidad entre Higüey y Verón-Punta Cana.

La iniciativa también contempla aprovechar el eventual servicio ferroviario para conectar a los visitantes con lugares como la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, la iglesia San Dionisio, el Museo de la Basílica y otros espacios de interés histórico, cultural, religioso y social.

Entre los argumentos expuestos en el proyecto se señala además que los desplazamientos diarios por carretera representan un reto para miles de trabajadores que residen en Higüey y laboran en el principal polo turístico de la provincia.

La propuesta recomienda que el Ministerio de Turismo explore un esquema de participación público-privada para materializar el proyecto, aunque el documento presentado ante la Cámara de Diputados constituye una recomendación y no implica que la construcción del tren haya sido aprobada. El proyecto cita como sustento legal la Constitución de la República y varias leyes relacionadas con turismo, medioambiente, ordenamiento territorial, municipios y la Estrategia Nacional de Desarrollo.