Santo Domingo. El presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 215-25, mediante el cual se crea el Observatorio de Políticas Migratorias, un espacio de intercambio ciudadano orientado a fortalecer la vigilancia organizada, la transparencia y la participación de la sociedad civil en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas migratorias del Estado dominicano.

El nuevo organismo funcionará bajo la dependencia del Consejo Nacional de Migración y contará con una comisión ejecutiva presidida por Miguel Franjul, designado por el Poder Ejecutivo, en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía.

La comisión estará integrada por destacadas figuras del ámbito académico, religioso, empresarial y social, como Julio Sánchez Maríñez, rector de Intec; monseñor Héctor Rafael Rodríguez, arzobispo de Santiago; el pastor Feliciano Lacen Custodio, director ejecutivo del Codue; Jacinto Pichardo, del Instituto Duartiano; Juan Mera, presidente de la Asociación para el Desarrollo de Santiago; César Dargam Espaillat, del Conep; y Juan Bancalari, presidente de Asonahores.

Todos ejercerán sus funciones de manera honorífica.

El decreto también faculta al Observatorio a integrar nuevos miembros de la sociedad civil y a establecer mesas de trabajo permanentes con expertos en temas migratorios.

ANTECEDENTES

El 6 de abril del presente año, el presidente anunció 15 medidas para enfrentar la migración ilegal y garantizar la soberanía nacional ante la crisis haitiana. Como décima disposición, el gobernante comunicó que, también está instruyendo la creación de un Observatorio Ciudadano sobre el Funcionamiento de la Política Migratoria, para supervisar cumplimiento y proponer correctivos desde la sociedad civil.

«Este observatorio, que operará con absoluta autonomía e independencia será coordinado por el periodista Miguel Franjul».

El mandatario expresó que los dominicanos tienen derecho a recibir atención médica sin que se les desplace. «No podemos seguir practicando una liberalidad que compromete nuestros recursos».

Informó que, para controlar la afluencia a los hospitales públicos de personas en condición migratoria irregular, dispuso como onceava medida establecer un protocolo, que deberá estar listo para su aplicación el lunes 21 de abril, que obligue al personal de los hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS) a exigir los siguientes requisitos: una identificación, carta de trabajo en el país y prueba domiciliaria; además, se acordará una tarifa para todos los servicios brindados.

En el caso de no cumplir con ninguno de estos requisitos, precisó, el paciente será atendido y, una vez recuperado, repatriado inmediatamente. «Se establecerá un agente migratorio en cada hospital para garantizar el cumplimiento de este protocolo».