Santo Domingo.– Las empresas de cobranza agrupadas en la Asociación del Ecosistema de Crédito y Cobranza de la República Dominicana (COB-RD) se comprometieron a dejar de contactar a familiares, amigos o cualquier tercero sin responsabilidad en una deuda, como parte de un acuerdo firmado este martes con el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).

El convenio también busca poner fin a las llamadas insistentes y promover procesos de cobro ajustados a la legislación vigente, garantizando el respeto a los derechos de los consumidores.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que el acuerdo establece reglas claras para que las empresas puedan gestionar el cobro de obligaciones financieras sin incurrir en prácticas que vulneren la privacidad o afecten a personas ajenas a las deudas reclamadas.

Entre los compromisos asumidos figura la elaboración de guías de buenas prácticas y protocolos orientados a una cobranza más humanizada, además de programas de capacitación para el personal del sector y campañas de orientación dirigidas tanto a consumidores como a proveedores de servicios financieros.

El documento también dispone que las gestiones de cobro realizadas mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, aplicaciones de mensajería instantánea, correos electrónicos, sistemas automatizados o herramientas de inteligencia artificial deberán cumplir con la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor y las disposiciones emitidas por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

Para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos, Pro Consumidor y COB-RD crearán una mesa técnica integrada por representantes de ambas instituciones. Este organismo tendrá la responsabilidad de supervisar la aplicación del acuerdo, evaluar sus resultados y proponer mejoras de acuerdo con la evolución de la normativa y las prácticas del sector.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan fortalecer la protección de los consumidores y fomentar una cultura de cobranza responsable, transparente y respetuosa de los derechos de los ciudadanos.