Santo Domingo. En medio del proceso judicial que investiga la tragedia ocurrida en el Jet Set Club, donde el colapso del techo durante una fiesta el pasado 8 de abril dejó un saldo de 235 muertos y más de 180 heridos, la familia Espaillat propietarios del establecimiento ha roto su silencio.

A través de un comunicado oficial y un extenso dossier de pruebas entregado al tribunal, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat exponen por primera vez de forma completa su versión de los hechos, en respuesta a las acusaciones del Ministerio Público que los señala por negligencia criminal y homicidio involuntario.

“Nunca nos escondimos”: la defensa de los Espaillat

Uno de los ejes principales del documento legal, respaldado por decenas de anexos, es desmentir la idea de evasión o abandono de responsabilidades.

Según los abogados de los imputados, Antonio Espaillat se encontraba fuera del país participando en una feria tecnológica en Las Vegas desde el 1 de abril, con regreso previsto para el 21.

Sin embargo, al conocer la noticia del derrumbe, retornó de inmediato al país el mismo 8 de abril y se puso a disposición de las autoridades.

Desde entonces afirma la defensa los hermanos han colaborado de forma voluntaria con la investigación entregaron sus pasaportes, comparecieron a todas las citaciones judiciales, solicitaron formalmente el secuestro del inmueble para proteger la evidencia estructural y propusieron un peritaje internacional independiente, liderado por un experto de la firma Thornton Tomasetti, conocida por su intervención en investigaciones como el colapso de las Torres Gemelas en Nueva York.

Ayuda a las víctimas: asistencia sin publicidad ni condicionamientos

Otro punto clave del dossier entregado a la justicia es la asistencia prestada a los afectados.

Según la familia Espaillat, desde el 1 de mayo se habilitó un canal público de atención a víctimas, anunciado en medios de comunicación, y hasta la fecha se han firmado más de 40 acuerdos de compensación con familiares de fallecidos, heridos y trabajadores del club.

La documentación entregada incluye recibos notariales, legalizaciones de descargos y registros de apoyo psicológico, que según argumenta la defensa fueron otorgados sin condiciones ni fines judiciales. “Lo hicimos por humanidad y responsabilidad, no por beneficios legales ni protagonismo mediático”, indica el comunicado.

Niegan advertencias ignoradas y presiones a testigos

Respecto a las acusaciones de que ignoraron advertencias previas sobre el deterioro del techo, los imputados sostienen que no existían fallas estructurales visibles que permitieran anticipar un colapso. “Si hubiera existido un riesgo identificado, se habría actuado con diligencia. Nada hacía prever esta tragedia”, afirman.

En cuanto a los señalamientos de presión a testigos, en particular al exempleado Gregorio Adames (Gregory), quien había advertido sobre posibles riesgos en la estructura, la familia niega rotundamente cualquier intento de coacción o intimidación.

Aseguran que han mantenido una relación respetuosa y legal con todos los empleados, incluyendo pagos de prestaciones, apoyo psicológico y representación legal en casos de necesidad.

Más de 30 descargos laborales y finiquitos notarizados fueron incluidos como prueba de que no hubo presiones ni imposiciones en el proceso de desvinculación de empleados tras el incidente.

“Pedimos justicia, no absolución automática”

El tono del comunicado es firme, pero contenido. “No buscamos justificaciones ni impunidad. Pedimos justicia, pero también el reconocimiento a una conducta responsable, transparente y humana desde el primer día”, se lee en el documento.

Los Espaillat insisten en que su accionar no ha sido reactivo, sino preventivo, destacando su voluntad de esclarecer los hechos mediante peritajes internacionales, su disposición a comparecer en cada etapa del proceso y su colaboración con las autoridades sin dilaciones.

El Ministerio Público mantiene su posición

Pese a la defensa presentada, el Ministerio Público mantiene su acusación de negligencia criminal, alegando que existieron fallos estructurales y omisiones graves en el mantenimiento del establecimiento.

La Fiscalía ha reiterado su intención de apelar las medidas de coerción impuestas recientemente, que incluyen garantía económica y presentación periódica, al considerar que no corresponden con la magnitud de los hechos.