SANTO DOMINGO. El Ministerio Público puso en marcha la Fase I de la Operación Atlántico, una amplia intervención dirigida a combatir el proxenetismo, la explotación sexual comercial y el tráfico ilícito de migrantes, con el despliegue de más de 500 agentes de distintas agencias estatales y 35 fiscales en el municipio de Sosúa, Puerto Plata.

Como parte de esta primera fase, se anunció la creación de una fiscalía especial asentada en Sosúa, que tendrá como objetivo coordinar las investigaciones y mantener acciones permanentes contra los delitos que afectan esta localidad costera del norte del país.

Durante el operativo, encabezado por la Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Fiscalía de Puerto Plata, se ejecutaron 29 allanamientos e intervinieron 12 pensiones con más de 250 habitaciones, así como 17 centros de expendio de bebidas alcohólicas.

En las acciones se identificaron 174 mujeres, entre ellas seis menores de edad, y 22 hombres, además de evidencias relacionadas con armas y otros elementos vinculados a los delitos investigados.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, indicó que la Operación Atlántico “va más allá de una interdicción”, al tratarse de una estrategia integral que busca erradicar redes de explotación sexual, trata de personas y microtráfico en Sosúa, un municipio afectado por prácticas ilícitas que vulneran los derechos humanos y la seguridad.

La operación contó con el apoyo del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, DNCD, Dirección General de Migración, CONANI, DINNAF, Cestur, y otros organismos, integrados en un plan de acción interinstitucional.

La segunda fase contempla patrullajes mixtos permanentes, acciones focalizadas contra la venta de drogas y la creación de una Mesa de Coordinación Interinstitucional para el Desarrollo Sostenible de Sosúa, fortaleciendo así el abordaje integral en la zona.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Ministerio Público de enfrentar estructuras criminales organizadas que operan en zonas turísticas del país, afectando la imagen de la República Dominicana y la integridad de poblaciones vulnerables.