SANTO DOMINGO:- El Senado de la República aprobó este viernes en segunda discusión y con el voto favorable de 23 senadores, el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional.

Con esta aprobación, la iniciativa será remitida a la Cámara de Diputados, donde deberá agotar el trámite legislativo correspondiente antes de ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior entrada en vigor

Este proyecto de reforma endurece los requisitos para ocupar los principales puestos de dirección de la institución y establecen un régimen disciplinario más estricto, con nuevas faltas y sanciones más severas para los agentes que incurran en conductas irregulares.

Entre los cambios propuestos figura que el director general de la Policía Nacional, los subdirectores generales, el inspector general y el director de Asuntos Internos deberán ser generales activos, contar con título de maestría y demostrar competencias profesionales acordes con las funciones del cargo.

La iniciativa también fortalece el sistema disciplinario al separar las funciones de investigación y decisión de las faltas, con el propósito de garantizar mayor imparcialidad y transparencia en los procesos.

Asimismo, amplía el catálogo de faltas muy graves para incluir conductas como actos de corrupción, abuso de autoridad, tortura, discriminación, acoso sexual y laboral, manipulación de pruebas, vínculos con el narcotráfico, uso indebido de bienes públicos y de tecnologías institucionales, maltrato animal y participación en actividades políticas mientras se esté en servicio.

Respecto a las sanciones, el proyecto dispone la destitución para las faltas muy graves de primer grado, mientras que las muy graves de segundo grado serán castigadas con suspensión sin disfrute de sueldo de 61 a 120 días.

Para las faltas graves y leves se contemplan descuentos salariales, además de otras medidas disciplinarias según la gravedad de la infracción.

Las modificaciones también refuerzan las garantías del debido proceso disciplinario al regular las notificaciones, los recursos de apelación, los plazos procesales, las audiencias, la suspensión provisional y el derecho de defensa de los miembros de la institución.

Con estos cambios, el proyecto busca elevar los estándares de profesionalización de la Policía Nacional, fortalecer los mecanismos de control interno y establecer un régimen de consecuencias más riguroso frente a las violaciones disciplinarias y los actos de corrupción.