PUNTA CANA; La política migratoria de Estados Unidos está atravesando un momento de preocupante tensión, y no solo por sus efectos sobre quienes buscan una vida mejor, sino por las prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluso sobre ciudadanos estadounidenses.

Lo que debería ser un cuerpo encargado de aplicar la ley con respeto a los derechos fundamentales, se ha convertido en demasiadas ocasiones en un instrumento de excesos y violaciones constitucionales.

En las últimas semanas, la operación conocida como Operation Metro Surge, descrita como la mayor acción de control migratorio en la historia reciente, ha desencadenado miles de detenciones en Minnesota y otros estados, utilizando tácticas que incluyen despliegues fuertemente armados, acusaciones de perfilación racial y detenciones que incluso han alcanzado a ciudadanos nativos y residentes legales.

Reportes consistentes de organizaciones de derechos civiles documentan casos en que ciudadanos estadounidenses han sido detenidos sin causa probable, aun cuando declaran su estatus o muestran su identificación.

La batida del ICE incluye a niños que han sido retenidos durante horas tras redadas domiciliarias, y arrestos de adultos que luego no derivaron en cargos formales.

Estos hechos plantean una cuestión elemental: ¿puede un país que se proclama defensor del estado de derecho permitirse políticas de fuerza que atropellan derechos muy básicos (como la protección contra detenciones arbitrarias garantizada por la Constitución estadounidense) en nombre de la seguridad fronteriza? La respuesta debería ser un rotundo no.

Criticar las fallas e irresponsabilidades del ICE no equivale a estar “a favor” de la inmigración ilegal. Significa defender que el ejercicio de la ley no se convierta en excusa para prácticas abusivas que degradan la confianza pública, violan principios básicos de justicia y ponen en riesgo a quienes no representan amenaza alguna.

Un sistema que castiga sin distinción no es seguro ni justo.