Nueva York. El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, se declaró culpable este martes 23 de julio ante una corte federal en Manhattan por violar los términos de su libertad supervisada, luego de que se hallaran drogas en su residencia de Miami durante un allanamiento realizado el pasado marzo.

Según informaron las autoridades, en el operativo del 12 de marzo se encontraron en la mansión del artista cantidades de cocaína y MDMA, sustancias prohibidas cuya posesión constituye una grave infracción de su régimen de libertad supervisada, dictado tras una condena previa en 2019 por cargos relacionados con pandillas, armas y narcotráfico.

Durante la audiencia, el juez advirtió a Hernández que esta nueva violación podría costarle entre tres y nueve meses de prisión, aunque existe la posibilidad de que la pena ascienda a cinco años, dependiendo de la decisión final del tribunal. La sentencia fue pautada para el 25 de septiembre de 2025.

Además de los cargos por drogas, los fiscales retiraron dos acusaciones adicionales por armas a cambio de su admisión de culpabilidad.

La defensa argumentó que el rapero ha mostrado señales de mejoría y que ha enfrentado problemas de salud mental, como episodios de depresión y estrés postraumático, además de no haber seguido el tratamiento médico con medicamentos como el Zoloft.

Los representantes del Ministerio Público indicaron que Hernández ha cooperado con el sistema judicial, por lo que solicitaron al juez permitirle completar horas de servicio comunitario antes de ser sentenciado, en lugar de enviarlo de inmediato a prisión.

Tekashi 6ix9ine, quien se convirtió en una figura polémica tras colaborar con la justicia para reducir su condena en 2019, ha estado bajo la mirada pública desde entonces, tanto por sus conflictos legales como por su carrera musical y sus controversiales declaraciones en redes sociales.

Con esta nueva declaración de culpabilidad, el artista vuelve a enfrentar la posibilidad de la cárcel, en un caso que pone nuevamente en debate los límites de la reinserción social y la supervisión de exconvictos dentro del sistema federal estadounidense.

Fuente: Externa