Por Juancito Perez

PUNTA CANA:-El presidente Luis Abinader se encuentra ante una encrucijada de grandes dimensiones, marcada por tensiones internas en el oficialismo y por la presión de una realidad fiscal cada vez más exigente.

Mientras el país demanda eficiencia, sacrificio del gobierno central, transparencia y racionalidad en el gasto público, sectores influyentes dentro del partido de gobierno parecen haber trazado una línea roja: no tocar ni las pensiones otorgadas desde agosto de 2020 ni la abultada nómina estatal.

Diversos aspirantes presidenciales del oficialismo al parecer han coincidido, según versiones políticas, en oponerse tanto a una revisión de las llamadas “pensiones especiales” como a una reducción significativa de la nómina. No se trata solo de una discusión técnica, sino de un cálculo político: recortar estos beneficios implicaría afectar estructuras de apoyo construidas de cara a sus proyectos electorales.

Es que, cuando se revisan las pensiones especiales de más de 100 mil pesos que fueron otorgadas a exdirigentes de la oposición que hoy apoyan al gobierno, que en totalidad suman la gigantesca suma de 617, frente a las 42 que se otorgaron todos los presidentes de RD hasta agosto de 2020. Si a eso se le suman los otros miles de pensiones entre 50 mil y 100 mil pesos a personas que su único esfuerzo para merecer dicho privilegio fue levantar su mano derecha y jurar trabajar sin descanso para que el presidente de turno gane la reelección.

y llevarnos a la crisis actual. Dentro de esos cientos de nombres de nombramientos disfrazados de pensión, veremos dirigentes de todo el país que están activando políticamente en los proyectos de los presidentes del PRM, y ahí es que la puerca retuerce el rabo, como dicen, y por eso su negativa tajante a que las pensiones y la nómina no sean tocadas ni con el pétalo de una rosa.

El gasto corriente —que incluye salarios, subsidios y pensiones— ha alcanzado niveles preocupantes. Informes presupuestarios recientes reflejan que cerca del 85% al 88% del gasto total se destina a este renglón, lo que limita la inversión en obras de capital y desarrollo. En términos del Producto Interno Bruto, esto representa una proporción considerable que condiciona la sostenibilidad fiscal a mediano plazo.

En este contexto, colaboradores cercanos al mandatario le habrían sugerido priorizar su legado. A diferencia de otros actores políticos, Abinader no figura como precandidato, lo que le otorgaría margen para tomar decisiones impopulares pero necesarias. La disyuntiva es clara: preservar equilibrios políticos internos o impulsar reformas que racionalicen el gasto.

La historia juzgará si, en este momento decisivo, prevaleció la conveniencia política o la responsabilidad de Estado.