WASHINGTON. La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde este lunes al presidente Donald Trump para continuar con su plan de desmantelar el Departamento de Educación, una de sus promesas más controvertidas desde la campaña presidencial.

Según datos obtenidos por la Agencia AFP, en un fallo sin firma y sin explicación detallada, el alto tribunal de mayoría conservadora levantó la suspensión que un juez federal había impuesto a los despidos masivos en el organismo. La medida permitirá a Trump reanudar la reducción drástica de personal en el Departamento, cuyo origen se remonta a 1979 cuando fue creado por el Congreso.

Las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en contra, advirtiendo que la decisión pone en riesgo el equilibrio constitucional. “La mayoría ignora ciegamente las implicaciones de su fallo o es ingenua, pero de cualquier manera la amenaza a la separación de poderes de nuestra Constitución es grave”, expresó Sotomayor en un voto disidente.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha impulsado una ofensiva para reducir el tamaño del gobierno federal. En marzo, ordenó recortar casi a la mitad el personal del Departamento de Educación, lo que generó una ola de demandas por parte de al menos 20 estados y sindicatos docentes, que acusan al presidente de invadir atribuciones exclusivas del Congreso.

En mayo, el juez de distrito Myong Joun había ordenado la reintegración de cientos de empleados despedidos. Pero la reciente decisión de la Corte Suprema revierte ese dictamen, allanando el camino no solo para el desmantelamiento del Departamento de Educación, sino también para despidos masivos en otras agencias, como la de ayuda humanitaria USAID.

Aunque la participación del gobierno federal en la educación ha sido históricamente limitada —representando solo el 13 % de la financiación de escuelas primarias y secundarias—, su aporte es vital para instituciones en comunidades de bajos ingresos y para estudiantes con necesidades especiales.

La decisión ha encendido las alarmas entre expertos en políticas públicas, quienes advierten del impacto que esta reestructuración podría tener en millones de estudiantes y en el acceso igualitario a la educación en Estados Unidos.