Estados Unidos comenzó a aplicar una nueva regulación sobre la denominada “carga pública”, que amplía el margen de evaluación de los funcionarios de inmigración y consulares al determinar si una persona podría depender principalmente del Gobierno estadounidense para cubrir sus necesidades básicas.

La medida, adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y aplicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), elimina el marco establecido mediante la regulación de 2022 y restablece un criterio más amplio basado en la evaluación de la totalidad de las circunstancias de cada solicitante.

La norma fue publicada el 20 de julio de 2026 y entró en vigor el 18 de septiembre.La disposición puede afectar principalmente a personas que solicitan el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos mediante el Formulario I-485, así como a quienes buscan una visa de inmigrante desde el extranjero.

En estos procesos, los funcionarios deben valorar las circunstancias particulares del solicitante y determinar si existe una probabilidad de que se convierta en una carga pública.

Entre los elementos que pueden ser considerados figuran la edad, salud, situación familiar, recursos y situación financiera, educación y habilidades, además de otros factores pertinentes al caso.

También puede tomarse en cuenta el Formulario I-864, conocido como Declaración Jurada de Patrocinio Económico, cuando corresponda.

Uno de los principales cambios está relacionado con los beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos. Bajo la nueva regulación, DHS señala que puede considerar cualquier beneficio público financiado por el Gobierno cuya elegibilidad dependa de que los recursos económicos del solicitante estén por debajo de determinado nivel.

Sin embargo, la recepción de un beneficio por sí sola no significa automáticamente que una persona será considerada carga pública.

Los funcionarios deben analizar el beneficio recibido, las circunstancias que llevaron a recibirlo, su naturaleza, la cantidad y duración, qué tan reciente fue y si las condiciones que originaron su utilización podrían mantenerse.

La regulación mantiene fuera de esta consideración determinados beneficios obtenidos mediante aportes o derechos adquiridos, entre ellos los beneficios del Seguro Social correspondientes al Título II, las pensiones gubernamentales, el seguro de desempleo y ciertos beneficios para veteranos.

Asimismo, existen categorías de inmigrantes que están expresamente exentas del criterio de carga pública. Entre ellas se encuentran, bajo las disposiciones correspondientes, refugiados y asilados en determinadas etapas de sus procesos migratorios.

La nueva regulación también establece una diferencia temporal para los beneficios. Los beneficios que antes estaban excluidos bajo la norma de 2022 y que fueron recibidos antes del 18 de septiembre de 2026 serán tratados conforme al marco anterior.

Para solicitudes de ajuste de estatus presentadas a partir de la fecha de entrada en vigor, USCIS requiere información sobre beneficios sujetos a comprobación de recursos y puede considerarlos dentro del análisis del caso.

USCIS actualizó además su Manual de Políticas para incorporar las nuevas directrices, cuya aplicación comenzó el mismo 18 de septiembre de 2026

.Ante estos cambios, especialistas en inmigración recomiendan que las personas que tengan previsto solicitar residencia permanente o una visa de inmigrante revisen cuidadosamente sus formularios y documentación financiera antes de presentar la solicitud.

En casos particulares, también puede ser conveniente buscar asesoría de un abogado de inmigración para determinar cómo la nueva regulación podría afectar el proceso.