México vive un cambio silencioso en su crimen organizado. Aunque los indicadores oficiales señalan una disminución de homicidios y delitos de alto impacto, la extorsión ha emergido como el nuevo negocio dominante de las mafias, especialmente en estados como Michoacán y Guerrero, donde grupos criminales se disputan territorios y mercados legales.

En datos obtenidos por el portal El País, el reciente asesinato de Bernardo Bravo, representante de los productores de limón del Valle de Apatzingán, evidencia cómo la extorsión ha evolucionado.

Según fuentes locales, los criminales imponían dos pesos por kilo cortado y dos pesos más por kilo comercializado, además de regular los días de cosecha, obligando a los agricultores a depender del control del crimen para poder operar. Bravo intentó negociar términos menos gravosos, pero su oposición terminó con su vida.

Especialistas señalan que este tipo de extorsión no solo cobra dinero, sino que busca controlar cadenas productivas y mercados legales, imponiendo reglas sobre la producción, la venta y los insumos, transformando el crimen en un actor económico paralelo.

Salvador Maldonado, investigador del Colegio de Michoacán, explica: “Poco a poco [las mafias] se incrustan en las cadenas productivas, ya no solo es el pago por protección, sino la intención de formar parte del gremio”.

Grupos como Los Viagra, originarios de Michoacán, funcionan como clanes familiares que prosperan en el vacío dejado por la estrategia de caza al kingpin, que buscaba descabezar estructuras criminales.

Sin embargo, con la fragmentación de los cárteles, el crimen encontró un nicho más seguro y lucrativo: extorsionar mercados legales y controlar la producción de bienes básicos, desde cítricos hasta transporte y obra pública.

Según la doctora Beatriz Magaloni, autora del estudio Living in Fear: The Dynamics of Extortion in Mexico’s Drug War, “cuando los grupos compiten violentamente por territorio, se vuelven contra los ciudadanos para extorsionarles y obtener recursos”, generando un escenario donde el crimen se infiltra en la vida cotidiana y en la economía formal, mientras la estadística oficial apenas refleja su impacto.

La situación plantea un nuevo desafío para las autoridades, que aún concentran sus esfuerzos en delitos tradicionales y dejan en gran medida desprotegidos a productores, gremios y pequeñas empresas, cuyos negocios dependen de la negociación con mafias locales para sobrevivir.

Fuente: El País