Honduras. A cuatro décadas de los hechos vinculados con la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, Honduras todavía no cuenta con respuestas definitivas sobre el destino de numerosas personas desaparecidas, una situación advertida durante un foro celebrado en Tegucigalpa por el 20 aniversario de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Durante el encuentro, la experta del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, Carmen Rosa Villa, señaló que el país mantiene pendientes importantes en materia de búsqueda, registro, investigación y reparación para las víctimas y sus familiares.

Según datos obtenidos por el portal Infobae, Villa destacó que Honduras aún carece de un registro único de personas desaparecidas y de una legislación específica que establezca un mecanismo permanente de búsqueda. A esto se suma la falta de respuestas definitivas en numerosos casos relacionados con desapariciones ocurridas durante el periodo de la Doctrina de Seguridad Nacional.

La experta advirtió además sobre el paso del tiempo y la pérdida de posibles fuentes de información. Según explicó, cada año mueren sobrevivientes y personas que podrían aportar datos para esclarecer lo ocurrido.

“Cada año que pasa, algunas de las personas sobrevivientes mueren sin haber recibido nada, ni verdad, ni reparación y sin ninguna explicación”, señaló Villa.

Para la representante de Naciones Unidas, una desaparición forzada no puede considerarse resuelta mientras no se conozca el paradero de la persona. En ese sentido, sostuvo que el paso de los años no elimina la responsabilidad del Estado de investigar y esclarecer los hechos.

Una ley que sigue pendiente

Entre los principales pendientes señalados durante el foro figura la aprobación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una propuesta que busca establecer un mecanismo permanente para localizar a las víctimas, determinar las circunstancias de las desapariciones, identificar restos y garantizar medidas de reparación para los afectados.

La iniciativa también contempla medidas para reconocer a las víctimas y sus familiares, así como acciones destinadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Villa sostuvo que la aprobación de esta legislación no representa una nueva obligación impuesta a Honduras, sino la materialización de compromisos internacionales que el propio Estado ya ha asumido.

“Lo que se pide no es que el Estado asuma algo nuevo, sino que complete lo que ya había declarado parte de su agenda”, afirmó.

Otro de los obstáculos señalados es la ausencia de una base de datos nacional que permita determinar con precisión cuántas personas fueron víctimas de desaparición forzada y establecer patrones entre los casos.

Villa planteó que ese registro debe incluir también a hondureños cuyos casos estén relacionados con hechos ocurridos en Honduras, aunque actualmente sus familiares residan en otros países.

Contar con información consolidada permitiría dimensionar el fenómeno, identificar posibles patrones, orientar las investigaciones y diseñar políticas públicas dirigidas específicamente a las víctimas y sus familias.

La experta también consideró necesario que Honduras incorpore la desaparición forzada como un delito autónomo dentro del marco de los crímenes de lesa humanidad, para evitar que estos hechos sean investigados únicamente bajo figuras como homicidio o secuestro.

Cuatro décadas después de los hechos que mantienen a numerosas familias hondureñas esperando respuestas, el llamado de Naciones Unidas vuelve a colocar sobre la mesa una deuda pendiente: determinar qué ocurrió con las personas desaparecidas y garantizar a sus familiares el derecho a conocer la verdad.