Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reiteró este jueves su firme intención de anular el contrato de concesión que permite a la empresa Panama Ports Company —filial de la firma china CK Hutchison Holdings— operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las entradas del Canal de Panamá.

Mulino calificó el acuerdo, vigente desde 1997 y renovado por 25 años más en 2021, como “lesivo para el interés nacional”, al tiempo que recordó que la Contraloría General presentó el pasado 30 de julio dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia.

La primera busca declarar inconstitucional el contrato original, mientras que la segunda pretende anular la renovación por considerarla “abusiva”.

“Estamos hablando de los dos puertos más importantes a la entrada del canal. Por supuesto que tiene que tener la más alta atención del gobierno. No vamos a tener nuestro territorio portuario secuestrado ni permitir que lucren sin pasarle ningún beneficio al Estado”, expresó el mandatario panameño, quien advirtió que respetará el fallo judicial, pero no tolerará indefinidamente la situación actual.

En respuesta a los señalamientos, Panama Ports defendió el contrato y sus operaciones, argumentando que han generado beneficios al país, y pidió respeto a la seguridad jurídica.

La empresa también manifestó su disposición al diálogo. Sin embargo, Mulino aclaró que aceptará conversaciones “pero bajo ningún pretexto para mantener el contrato leonino contrario a los intereses nacionales que tenemos hoy”.

La controversia ha despertado preocupación internacional, especialmente por el componente geopolítico que rodea la operación de los puertos. CK Hutchison Holdings, matriz de Panama Ports, ha anunciado planes de vender sus activos portuarios a un consorcio que incluye a la firma estadounidense BlackRock Inc., en medio de crecientes tensiones entre Washington y Beijing.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, intervino en el debate al calificar a Panama Ports como un “operador malo” y asegurar que “no ha hecho un buen trabajo”. También afirmó que la empresa está vinculada al Partido Comunista de China y que adeuda más de 600 millones de dólares al Estado panameño.

Mientras tanto, el gobierno panameño ha insistido en que el control del Canal se mantiene plenamente en manos nacionales y que la gestión portuaria no representa una amenaza directa sobre la vía interoceánica.

La decisión final quedará en manos de la Corte Suprema, cuyo fallo será determinante para definir el futuro del contrato de concesión y el nivel de participación extranjera en los puertos estratégicos del país.

Fuente: Infobae