Centroamérica atraviesa una crisis por la desaparición de menores de edad, con mayor incidencia en niñas y adolescentes, según reportes oficiales y organismos internacionales divulgados recientemente, que reflejan brechas legales, fallas institucionales y respuestas desiguales en países como Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y El Salvador.
Los datos recopilados muestran que la mayoría de los casos corresponde a adolescentes entre 13 y 17 años, grupo considerado de mayor vulnerabilidad en la región.
La Interpol mantiene activas unas 1,352 notificaciones amarillas de menores desaparecidos en las Américas, de las cuales 788 corresponden a países centroamericanos.
Honduras registra la mayor cantidad de reportes con 508 casos de menores desaparecidos, seguido de Guatemala con 249. Luego figuran El Salvador con 14 casos, Panamá con 11, Costa Rica con nueve y Nicaragua con cuatro.
En Guatemala, el sistema Alba-Keneth ha permitido localizar a más de 85 mil niños, niñas y adolescentes desde su creación en 2010. Solo en 2024 se activaron 6,970 alertas, con 5,894 casos resueltos.
Costa Rica reportó 2,204 denuncias de menores no localizados en 2025, con un 89 % de los casos vinculados a mujeres adolescentes, especialmente entre 15 y 16 años.
En Panamá, autoridades informaron 394 activaciones en 2025, con 367 menores ubicados. Sin embargo, medios locales señalan que en 2026 se han reportado 856 desapariciones de menores, de las cuales 799 fueron resueltas.
Nicaragua presenta escasa información pública sobre el tema, mientras organizaciones independientes denunciaron al menos 200 desapariciones o secuestros entre 2021 y 2023.
En Honduras, además de las desapariciones internas, comités de familiares reportaron 887 migrantes hondureños desaparecidos hasta febrero de 2025, en un contexto marcado por pobreza, migración forzada y crimen organizado.
En El Salvador, organismos oficiales advierten una relación directa entre desapariciones y violencia sexual, con cientos de casos atendidos que afectan principalmente a menores de edad.
Organismos internacionales señalan que factores como pobreza, violencia, desplazamiento forzado, trata de personas y control territorial de pandillas aumentan el riesgo para niños y adolescentes, mientras recomiendan fortalecer leyes, registros nacionales, capacidad investigativa y coordinación entre instituciones.
Fuente: Externa
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