El presidente Nicolás Maduro asumió el pasado viernes su tercer mandato (2025-2031) en medio de fuertes cuestionamientos por parte de la oposición y denuncias de fraude en las elecciones del 28 de julio.

Durante su juramentación, Maduro anunció una reforma constitucional, que según él busca «embellecer» la Carta Magna y reforzar el poder de las comunas, organizaciones civiles creadas por el chavismo para labores como la distribución de alimentos subsidiados y la movilización de votantes.

Este anuncio ha desatado temores sobre una posible «nicaragüización» de Venezuela, un término que alude al modelo autoritario impuesto por Daniel Ortega en Nicaragua.

Un modelo de control totalEn Nicaragua, Ortega y su esposa Rosario Murillo promovieron en 2024 una reforma constitucional que les otorgó control absoluto sobre los poderes del Estado, facilitando una ola de represión contra opositores, muchos de los cuales fueron encarcelados, exiliados e incluso despojados de su nacionalidad.

Activistas temen que la propuesta de Maduro siga un camino similar.

Aunque no se conocen detalles concretos sobre los artículos a modificar en la reforma constitucional venezolana, críticos señalan que podría consolidar un sistema donde las comunas tengan más poder que los gobernadores y alcaldes electos, debilitando aún más la institucionalidad democrática.

En los últimos meses, Maduro ha destinado recursos directos a las comunas, lo que opositores interpretan como un mecanismo para centralizar el poder en estructuras afines al oficialismo.

Un paquete de leyes controvertidasA la reforma constitucional se suma un paquete de leyes aprobado por la Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno, que ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos.

Entre las medidas más polémicas figura una ley que establece penas de 25 a 30 años de prisión para quienes «promuevan, instiguen o respalden» sanciones internacionales contra Venezuela, además de permitir juicios en ausencia, una práctica que, según expertos, viola la actual Constitución.

«La ambigüedad de esta ley es preocupante», afirma Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia. «Incluye conceptos como ‘participación indirecta’ en medidas coercitivas, pero no define claramente qué significa. Esto otorga un enorme poder discrecional al gobierno para perseguir a opositores».

Además, se aprobó una ley de fiscalización para las ONG que las obliga a declarar sus fuentes de financiamiento, especialmente si provienen del extranjero, una medida que, según Oscar Murillo, coordinador de PROVEA, «formaliza la persecución contra las organizaciones de la sociedad civil».

Criminalización de la oposiciónEstá en agenda una «ley contra el fascismo», que propone la ilegalización de partidos políticos acusados de promover «actividades fascistas». Aunque el término «fascismo» podría parecer universalmente condenable, Daniels advierte que el gobierno suele usar esta etiqueta para referirse a cualquier acto de oposición.

Estos cambios se producen en un contexto de creciente represión: tras las protestas postelectorales de julio, que dejaron 28 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos, Maduro responsabilizó a la oposición de los disturbios y acusó a Estados Unidos de liderar un complot en su contra.

Una crisis internacional en desarrolloEl gobierno de Maduro ya enfrenta una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, y estos nuevos movimientos podrían agravar su aislamiento internacional.

Sin embargo, a nivel interno, las medidas parecen apuntar a garantizar la permanencia del chavismo en el poder, cerrando espacios a la oposición y reduciendo la influencia de la sociedad civil.

La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de esta reforma y la implementación de las nuevas leyes, mientras activistas y opositores dentro de Venezuela denuncian una nueva etapa de persecución y represión, que podría marcar un punto de inflexión en la crisis política y social del país.

Fuente: Agencia AFP