El Tribunal Supremo de España condenó este lunes al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por su implicación en una trama de corrupción vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia de 2020 y a la contratación irregular de personal en empresas públicas.

La sentencia, dictada por unanimidad en la Sala de lo Penal, también impone 19 años y ocho meses de cárcel al exasesor ministerial Koldo García, mientras que al empresario y comisionista Víctor de Aldama se le condena a cuatro años y medio de prisión, aunque con la pena suspendida, por lo que no ingresará en prisión si cumple las condiciones impuestas.

Según la resolución judicial, los hechos se remontan a la adjudicación de contratos por valor de 13 millones de mascarillas a empresas vinculadas a la trama, desde organismos públicos dependientes del Ministerio de Transportes, entonces dirigido por Ábalos. A cambio, los acusados habrían recibido comisiones ilegales y beneficios económicos.

De acuerdo con datos obtenidos por el portal EFE, el Supremo considera probado que la red de intermediación canalizó millones de euros en comisiones y que parte de esos pagos llegó directamente a los principales acusados, incluyendo entregas periódicas de dinero durante varios años, además de pagos vinculados a alquileres y beneficios personales.

La sentencia también incluye condenas por la contratación irregular de personas cercanas al entorno del exministro en empresas públicas, así como el uso de recursos de la trama para financiar viviendas y otros beneficios privados.

En el caso de Aldama, el tribunal valora de forma determinante su colaboración con la investigación, lo que le permitió una reducción sustancial de la pena y la suspensión de su ingreso en prisión, siempre que cumpla condiciones como no delinquir, presentar informes periódicos y realizar trabajos comunitarios.

El fallo del Supremo, que ya es firme, subraya además el impacto que este tipo de casos tiene en la confianza ciudadana hacia las instituciones y en la credibilidad del sistema político.