La Altagracia. En medio de la prolongada disputa entre el Ayuntamiento de Higüey y la Junta Distrital de Verón–Punta Cana por el control del uso de suelo y la administración de los recursos que genera el principal polo turístico del país, ha surgido un nuevo elemento que podría cambiar el rumbo del conflicto: un acuerdo salomónico en construcción, del cual aún no se conocen los detalles.

El anuncio lo hizo el senador de la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholitín), quien aseguró que las partes han avanzado en una fórmula de consenso para remediar la crisis institucional, aunque no ofreció precisiones sobre el contenido del pacto ni los plazos para su implementación.

Barón Duluc dijo que podría haber un acuerdo entre las autoridades municipales de Verón y de Higüey, que permita resolver el impasse sin afectar el desarrollo de la provincia ni el clima de inversión.

Por el momento, las expectativas están centradas en qué implicará ese “acuerdo salomónico” y si será suficiente para restaurar la gobernabilidad, garantizar el flujo de inversiones y encauzar la institucionalidad en la provincia más turística del país.

De confirmarse, el pacto representaría un giro significativo en un conflicto que, más allá de su naturaleza técnica, ha puesto en evidencia las tensiones entre autonomía territorial, solidaridad fiscal y planificación del desarrollo.

Desde la ruptura formal del acuerdo 50/50 en mayo pasado —mediante el cual se repartían en partes iguales los ingresos derivados del uso de suelo y del pago por espacio público—, el conflicto ha escalado hasta provocar la paralización de más de 30 proyectos inmobiliarios, denuncias de injerencias institucionales, y una creciente preocupación en el sector privado por la inseguridad jurídica en la zona.

La Junta Distrital de Verón–Punta Cana reclama autonomía total sobre su territorio y el manejo de los arbitrios municipales, amparándose en lo que establece el artículo 24 de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial. Higüey reclama una distribución equitativa de los recursos que se producen en la zona turística.

El posible acuerdo se da en un momento de alta presión social y política, cuando diversos sectores han exigido al Gobierno Central que intervenga para resolver el conflicto de fondo y evitar que se frene el dinamismo económico de una región que genera más de USD 7,500 millones al año en ingresos turísticos y que alberga más de 51,000 habitaciones hoteleras.