PUNTA CANA. Después de semanas de debates, protestas, inquietudes comunitarias, explicaciones técnicas y llamados al diálogo, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) de Verón-Punta Cana entra ahora a una de sus etapas más delicadas: la discusión pública y eventual aprobación por parte de la Junta de Vocales.

Sobre los hombros de los vocales recaerá la tarea de conducir uno de los procesos más retadores y de mayor trascendencia para el futuro del principal destino turístico del país, en medio de presiones comunitarias, expectativas empresariales e intereses políticos que inevitablemente acompañan una decisión de esta magnitud.

La discusión ya no gira únicamente alrededor de mapas, clasificaciones de suelo o porcentajes de áreas urbanizables. El verdadero desafío consiste en determinar si prevalecerá una visión de largo plazo para el desarrollo del territorio o si terminarán imponiéndose coyunturas políticas o presiones sectoriales.

La Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos establece que los gobiernos locales deben garantizar mecanismos de participación ciudadana, incluyendo vistas públicas y consultas, dentro de los procesos de formulación y aprobación de los planes territoriales.

Asimismo, la normativa dispone que, una vez validado técnicamente por el Ministerio de Economía, el PMOT debe ser remitido al órgano normativo y de fiscalización del gobierno local para su aprobación mediante ordenanza. En el caso de los distritos municipales, esa función corresponde a la Junta de Vocales.

La propia ley también contempla la realización de consultas y vistas públicas como parte esencial del proceso de participación ciudadana.

Por esa razón, los vocales no solo tendrán la facultad de conocer la propuesta, sino también la responsabilidad de escuchar a comunidades, empresarios, propietarios de terrenos, organizaciones sociales y técnicos antes de tomar una decisión definitiva.

El escenario no será simple ni fácil. Por un lado, sectores comunitarios de La Ceiba y otras zonas reclaman revisiones y mayores explicaciones sobre la clasificación de determinados terrenos.

Por otro, empresarios y especialistas en planificación sostienen que Punta Cana no puede continuar creciendo sin una hoja de ruta que ordene el uso del suelo, la movilidad, los servicios y la expansión urbana.

Entre ambas posiciones se encuentra la Junta de Vocales. La pregunta que comienza a tomar fuerza en Verón-Punta Cana es si sus integrantes asumirán el proceso como un ejercicio de responsabilidad histórica o si permitirán que la discusión sea arrastrada por intereses ajenos al bienestar colectivo.