PUNTA CANA. Aunque una nota difundida en medios locales este fin de semana asegura que el director distrital de Verón-Punta Cana, Ramón “Manolito” Ramírez, habría acordado con autoridades de Higüey y La Otra Banda una distribución de los arbitrios municipales, el funcionario desmintió tal versión y reafirmó que la posición de su gestión se mantiene firme: romper con el acuerdo 50/50 establecido con el Ayuntamiento de Higüey desde 2013.

La información inicial indicaba que en una reunión encabezada por el viceministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Pireo Solimán, junto a los directores Manolito Ramírez (Verón) y Alexander Rodríguez (La Otra Banda), se habían discutido mecanismos para una supuesta “distribución equitativa y transparente” de los arbitrios generados por servicios municipales, construcción y desarrollo urbanístico en estas zonas.

Sin embargo, Ramírez aclaró este lunes al Bávaro News que si bien dicho encuentro se llevó a cabo en Punta Cana, fue simplemente un primer acercamiento para abrir un canal de diálogo institucional, y en ningún momento implicó una negociación sobre la postura que ya ha sido notificada formalmente al Ayuntamiento de Higüey.

“La posición del Ayuntamiento de la zona turística sigue siendo la misma: romper con el acuerdo 50/50, y asumir completamente la regulación del uso de suelo y la recaudación de arbitrios en Verón-Punta Cana. La reunión fue cordial, pero eso no cambia la decisión adoptada ni el contenido de la notificación enviada la semana pasada al Ayuntamiento de Higüey, donde se les indica abstenerse de emitir permisos en esta demarcación”, afirmó Ramírez.

El director distrital recordó que la Junta Municipal de Verón-Punta Cana ya cuenta con su propia Oficina de Planeamiento Urbano y que está facultada por la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos para gestionar sus propios procesos administrativos.

Por eso, advirtió a los desarrolladores y empresarios que deben regularizar sus proyectos directamente en Verón, y no en Higüey.

“Los pagos de uso de suelo deben hacerse aquí. El que lo haga en otro lado se expone a tener que pagar dos veces, porque nosotros vamos a hacer cumplir la ley en nuestro territorio”, afirma Ramírez.

Aunque aún no se ha emitido el reglamento de aplicación de la Ley 368-22, el funcionario insistió en que el espíritu de la norma es claro en cuanto a la descentralización y a las competencias de los gobiernos locales, especialmente en distritos como Verón-Punta Cana, que concentran una parte esencial del desarrollo turístico y económico del país.

La Junta Municipal notificó por escrito al Ayuntamiento de Higüey que se abstenga de emitir permisos de construcción y uso de suelo en Verón-Punta Cana, y reiteró su decisión de ejercer plenamente sus atribuciones para garantizar que cada peso recaudado se invierta en beneficio directo de la comunidad local.