PUNTA CANA. Uno de los mayores peligros que enfrenta cualquier iniciativa de planificación territorial no es técnico, jurídico ni siquiera financiero. Es político.

Cuando una propuesta concebida para orientar el desarrollo de una comunidad comienza a ser utilizada como herramienta de posicionamiento político-partidista, la discusión corre el riesgo de abandonar el terreno de los argumentos para entrar en el de las conveniencias.

Y cuando eso ocurre, la calidad del debate se desvía y se va a pique. La inquietud comienza a cobrar forma en algunos círculos de Verón-Punta Cana, a propósito de la discusión sobre el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de esta demarcación turística.

Y no necesariamente porque exista una estrategia organizada y públicamente conocida en ese sentido, sino porque resulta evidente que actores de distintas corrientes políticas han empezado a fijar posiciones sobre un tema cuya naturaleza debería ser esencialmente técnica y comunitaria.

El problema de ese fenómeno es que puede distorsionar el verdadero propósito de la discusión. En lugar de preguntarnos qué modelo de ciudad conviene construir para las próximas décadas, el debate puede terminar reducido a quién obtiene ventajas políticas inmediatas o quién logra capitalizar el malestar de determinados sectores.

Las consecuencias serían preocupantes. La primera sería la pérdida de confianza ciudadana. Cuando la población percibe que los argumentos responden más a intereses políticos que al bienestar común, aumenta la desconfianza hacia el POT y hacia el propio proceso de planificación.

La segunda sería la radicalización de las posiciones. Los temas complejos dejan de analizarse con matices y pasan a dividirse entre bandos enfrentados, donde cualquier propuesta es defendida o rechazada dependiendo de quién la impulse y no de su contenido.

La tercera consecuencia sería aún más grave: retrasar decisiones estratégicas para el futuro de Verón-Punta Cana. La planificación territorial exige continuidad, visión de largo plazo y capacidad de construir consensos. Convertirla en un campo de batalla político podría debilitar precisamente esos elementos.

Más aún cuando el panorama político local ni siquiera está definido. A diferencia de otros momentos, Verón-Punta Cana todavía no tiene un escenario claramente configurado de cara a las elecciones de 2028.

No existen candidaturas consolidadas ni bloques políticos dominantes que permitan anticipar cómo se reconfigurará el liderazgo local en los próximos años.

En ese contexto, intentar utilizar debates de interés público como plataformas de posicionamiento anticipado podría terminar generando más ruido que soluciones.

La historia demuestra que las mejores transformaciones urbanas no nacen de la confrontación partidaria, sino de la capacidad de distintos sectores para coincidir en objetivos comunes.

Los proyectos que trascienden generaciones suelen ser aquellos que logran sobrevivir a los gobiernos, a las campañas y a las coyunturas electorales.

Por eso, la discusión debe mantenerse donde realmente pertenece: en los estudios técnicos, en las vistas públicas, en los espacios de participación ciudadana y en los argumentos sustentados por evidencia. Lo contrario sería correr el riesgo de convertir un debate sobre el futuro de la ciudad en una simple disputa por ventajas de corto plazo.

Y sería una paradoja lamentable que una herramienta concebida para organizar el futuro terminara atrapada en las urgencias de la política del presente.