SANTO DOMINGO;- La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal, Kenty Nuesí, dictó este domingo tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra varios agentes policiales, acusados de sustraer parte del dinero que había sido robado durante un atraco, un millón 200 mil pesos, en una empresa ubicada en Villa Mercedes, sector Madre Vieja Sur, en esta provincia.

Los imputados cumplirán esta medida en el Centro de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.

Entre los implicados en el denominado “tumbe” figuran el coronel Carlos José Signey Kely, el capitán Deberin Medina y el sargento mayor Alipio Wilberto de la Rosa, además de otros miembros de la uniformada.

De acuerdo con la denuncia, los agentes habrían tomado parte de un monto de un millón 200 mil pesos, sustraído previamente por atracadores en perjuicio de la empresa Centro Agrícola del Sur y del ciudadano Anthony Oliver Santos Espinal.

Según consta en la querella, el hecho ocurrió a la 1:30 de la madrugada del pasado 20 de febrero, donde Alexander Puello Decena y Víctor Pascual Javier Tejada, este último exempleado de la empresa, rompieron las puertas de la empresa Centro Agrícola del Sur, propiedad de Anthony Oliver Santos Espinal y robaron el dinero.

Más que un simple hecho delictivo, el caso se ha convertido en una secuencia de eventos que, paso a paso, revela cómo un procedimiento que comenzó como un éxito operativo terminó bajo investigación penal.

El inicio: un operativo aparentemente exitoso

La historia comenzó en el sector Madre Vieja, en San Cristóbal. En esa zona, unidades de patrullaje habían sido reforzadas en noviembre de 2025 como parte de las acciones para enfrentar una creciente ola delictiva denunciada por la comunidad.

La intervención ocurrió en el negocio Agrícola del Sur, donde agentes policiales acudieron tras recibir una alerta sobre un robo en proceso. Según los reportes preliminares, los uniformados lograron detener infraganti a tres personas.

Durante la operación, los agentes recuperaron más de un millón de pesos en efectivo que estaba en poder de los presuntos responsables. En ese momento, el procedimiento parecía reflejar la efectividad de la respuesta policial frente a la delincuencia.

Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones posteriores, en ese mismo escenario comenzaron las irregularidades que hoy son objeto de indagación por parte del Ministerio Público.

La versión ofrecida a las víctimas

Según las investigaciones, los agentes informaron a los propietarios del negocio que el dinero recuperado no podía ser entregado inmediatamente, ya que debía ser incorporado como evidencia dentro del proceso investigativo.

De acuerdo con esa explicación, los fondos serían depositados en las arcas del Estado y posteriormente devueltos una vez concluyera la investigación, a través de los mecanismos correspondientes, incluso con la participación de una compañía aseguradora.

Sn embargo esto no fue así, agentes involucrados, quienes serán acusados de asociación de malhechores, presuntamente se habrían repartido el dinero que habían recuperado.

Las autoridades sostienen que la presunta irregularidad habría involucrado a cerca de una decena de miembros de la institución que participaron en la intervención.

La investigación interna

La Dirección de Asuntos Internos inició una investigación administrativa que posteriormente fue remitida al Ministerio Público de San Cristóbal para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

En medio del proceso, el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, reconoció que los organismos de control mantienen abiertas varias investigaciones relacionadas con situaciones similares dentro de la institución.

“Los órganos de control tienen esas investigaciones. No solo ese caso; existen otros procesos vinculados a situaciones parecidas de falta de integridad”, indicó el alto oficial al referirse al caso ocurrido en San Cristóbal.

Por su parte, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, señaló que, aunque el proceso de reforma policial ha registrado avances, aún existen desafíos en materia de transformación institucional.

La funcionaria explicó que no todos los miembros de la institución asumen con la misma disposición los cambios estructurales que buscan fortalecer la transparencia y la disciplina dentro del cuerpo del orden.

El escenario judicial

El proceso judicial continúa su curso en los tribunales. Mientras civiles vinculados al robo inicial ya enfrentan medidas de coerción entre ellos Víctor Peña, a quien se le impuso tres meses de prisión preventiva, y Alexander Cuello, con presentación periódica la atención ahora se centra en los agentes policiales señalados en la investigación.

El caso ha generado atención pública no solo por el dinero involucrado, sino también porque vuelve a colocar bajo la lupa los mecanismos de control interno y los desafíos que enfrenta la transformación de la Policía Nacional en medio del proceso de reforma institucional.