Las recientes declaraciones de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, sobre la necesidad de despolitizar la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) han generado una fuerte reacción por parte del gremio magisterial.

Sin embargo, más allá de la controversia, sus palabras ponen sobre la mesa una realidad que durante años ha sido evidente para gran parte de la sociedad dominicana: la politización que existe dentro de la ADP y cómo esta ha afectado el sistema educativo nacional.

La primera dama afirmó que “cuando se deje de politizar ese gremio, se avanzará mucho más rápido” en la transformación educativa. La ADP responde diciendo que el verdadero problema de la educación dominicana no es el sindicato, sino un modelo educativo impuesto desde sectores empresariales y organismos internacionales.

No obstante, negar la influencia partidaria dentro de la ADP sería desconocer una realidad ampliamente conocida. Las distintas corrientes magisteriales que compiten en las elecciones internas del gremio históricamente han respondido a intereses políticos y a estructuras vinculadas a partidos.

Cada proceso electoral dentro de la ADP se convierte en un escenario donde organizaciones políticas intervienen de manera directa, trasladando la lucha partidaria al ámbito educativo.

Ese componente político ha provocado, en numerosas ocasiones, paralizaciones de la docencia por conflictos que bien podrían discutirse y resolverse mediante el diálogo institucional.

Los estudiantes y las familias son los más afectados cada vez que se suspenden las clases, especialmente en un país donde los niveles de aprendizaje siguen siendo un gran desafío.

La ADP tiene derecho a defender las reivindicaciones del magisterio y a exigir mejores condiciones para los docentes. Sin embargo, también debe asumir con responsabilidad el impacto que tienen sus métodos de presión sobre miles de estudiantes.

La educación no puede permanecer atrapada entre intereses políticos, huelgas recurrentes y confrontaciones permanentes con las autoridades.