Treinta años después del asesinato de José Rafael Llenas Aybar, todavía siguen vigentes las mismas preguntas que surgieron a partir de aquel memorable 4 de mayo del 1996, cuando su cuerpo sin vida apareció lleno de agujero en un riachuelo de Pedro Brand.

Aquel crimen estremeció a la República Dominicana, expuso fallas profundas en la investigación penal y generó un rechazo colectivo frente a la violencia extrema. Pero, tres décadas más tarde, para nuestra sociedad, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas de aquel episodio horripilante?

En teoría, un caso de tal magnitud debía marcar un antes y un después en la forma en que el país previene, detecta y enfrenta la violencia, especialmente contra los más vulnerables.

Y aunque ha habido avances institucionales, mejoras en procedimientos forenses, mayor visibilidad de los derechos de la niñez y una opinión pública más activa, la realidad evidencia que esos cambios no han sido suficientes.

La violencia contra niños, adolescentes e incluso recién nacidos sigue apareciendo con una frecuencia alarmante en la agenda mediática. Hemos sido testigos, en estas tres décadas, de crímenes igualmente horrendos: homicidios, desapariciones con matices criminales, abusos sexuales y maltratos que reflejan una problemática estructural que no ha sido erradicada.

Esto obliga a preguntarse si realmente hemos aprendido algo o si simplemente nos hemos acostumbrado a reaccionar con indignación momentánea, sin construir respuestas sostenidas. La memoria colectiva parece activarse solo ante el horror, pero no logra traducirse en prevención efectiva.

El caso Llenas Aybar también dejó lecciones claras sobre la importancia de una investigación rigurosa, la preservación de la escena del crimen y la necesidad de esclarecer no solo el “cómo”, sino el “por qué”.

Sin embargo, la persistencia de casos sin resolver o mal investigados sugiere que esas enseñanzas no siempre se han internalizado en el sistema.