El director distrital de La Otra Banda, Alexander Rodríguez, vuelve a ocupar titulares. Famoso por tomar y defender decisiones que, en el marco de sus funciones, generan debates públicos, ahora enfrenta un nuevo episodio que no pasa desapercibido.

La Junta Distrital de esa localidad altagraciana, a través de su Oficina de Libre Acceso a la Información, ha decidido cobrar 75 pesos por cada hoja que genere la impresión de las informaciones solicitadas por ciudadanos. Según Rodríguez, esta medida se ampara en el artículo 15 de la Ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública.

Sin embargo, más allá de la legalidad, el tema despierta suspicacias. El propio director afirma que sectores contrarios a su gestión estarían utilizando este hecho para entorpecer los trabajos que, asegura, se realizan en beneficio de la comunidad. Aun así, este cobro podría interpretarse como un obstáculo para la entrega de informaciones de interés ciudadano.

La Ley 200-04 fue una conquista importante para la transparencia y el control de la gestión pública en República Dominicana. Su espíritu no solo radica en el acceso a los datos, sino también en que este sea oportuno, completo y sin barreras innecesarias. Cualquier medida que, aunque legal, pueda percibirse como una traba, merece un manejo cuidadoso y un diálogo abierto con la ciudadanía.

Rodríguez insiste en que su decisión no busca limitar derechos. No obstante, en una época donde la confianza en las instituciones se construye con actos claros y sin ambigüedades, es vital que las autoridades ponderen el impacto de sus decisiones al margen de que estén avaladas por el marco jurídico, evaluando también su repercusión en la opinión pública.

El acceso a la información es una columna de la democracia y un derecho que costó décadas conquistar. Mantenerlo fuerte y sin sombras es tarea de todos, especialmente de quienes hoy tienen la responsabilidad de administrarlo.