En la República Dominicana, hablar de suicidio sigue siendo, para muchos, un tabú incómodo. Sin embargo, los números hablan por sí solos: más de 600 personas se quitan la vida cada año, y la cifra ha mostrado una preocupante tendencia al alza en los últimos años. En 2023, el país registró 669 suicidios, un 10% más que en 2019. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes o de mediana edad. Detrás de cada número hay una historia truncada, una familia rota y una comunidad en duelo.

Este fenómeno no es exclusivo del país. A nivel mundial, cerca de 700,000 personas mueren por suicidio cada año, siendo una de las principales causas de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. En América Latina, países como Guyana y Surinam lideran las estadísticas más sombrías, pero eso no debe ser consuelo para los dominicanos. Con una tasa nacional de 6.8 por 100,000 habitantes, estamos por debajo del promedio regional, pero lejos de estar a salvo.

Las causas son múltiples: trastornos de salud mental no tratados (como la depresión o la ansiedad), adicciones, violencia intrafamiliar, acoso escolar, pobreza extrema y falta de redes de apoyo. Lo más grave es que más del 90% de las personas que se suicidan nunca recibieron atención profesional adecuada. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI aún estemos fallando en algo tan esencial como la salud mental?

En 2006, se promulgó en el país la Ley 12-06 sobre salud mental. Luego, en 2019, se lanzó un Plan Nacional que prometía ampliar servicios, descentralizar atención y capacitar profesionales. Pero muchas de esas promesas quedaron en el aire. La pandemia desvió recursos, la voluntad política se desinfló y hoy, varias unidades de intervención en crisis están cerradas o desmanteladas.

Existen iniciativas valiosas: líneas de ayuda como Vivir; programas de orientación en escuelas; redes de apoyo en comunidades. Pero siguen siendo esfuerzos dispersos y, en muchos casos, sostenidos por voluntarios. Se necesita mucho más: un plan nacional articulado, presupuesto estable, campañas de concienciación, protocolos en hospitales, atención primaria integrada, y una estrategia clara de prevención del suicidio con indicadores medibles.

Y también hace falta algo menos cuantificable, pero igual de vital: romper el silencio. Hablar del suicidio con responsabilidad y sin estigmas; formar a profesores, padres y médicos para detectar señales de alerta; apoyar a quienes han perdido a un ser querido en estas circunstancias. Porque el suicidio no es un acto egoísta ni inevitable. Es, en la mayoría de los casos, la consecuencia de un dolor profundo que no encontró respuesta.

Como sociedad, debemos atrevernos a mirar de frente esta realidad. No podemos resignarnos a seguir enterrando jóvenes con potencial, padres de familia desesperados o ancianos que se sienten solos. El suicidio se puede prevenir. Pero para lograrlo, se necesita más que voluntad: se necesita acción. Que la esperanza no siga siendo un lema, sino una política de Estado.