No sabemos cuándo ni cómo, pero en algún momento la convivencia dominicana se fue a pique y cada día resulta más evidente. Basta observar cualquier discusión en las calles, una intervención policial o de un agente regulador de tránsito, para notar cómo la agresividad crece y se fortalece cada día.

Una multa de tránsito provoca discusiones y peleas entre uniformados y bravucones violadores de la ley. Una advertencia por ruido excesivo desata enfrentamientos, y cualquier intento de control termina en espectáculo para redes sociales.

Lo grave es que gran parte de la sociedad observa estos hechos con indiferencia o incluso con celebración y apoyo a los infractores.

Hemos tolerado una peligrosa cultura de desafío hacia toda figura de autoridad. Muchos ciudadanos reaccionan como si el respeto a las normas fuera una humillación personal.

También es cierto que las instituciones han contribuido al deterioro. Los abusos, la corrupción y la falta de consecuencias durante años hicieron que mucha gente perdiera confianza en quienes deben hacer cumplir la ley.

Sin embargo, una cosa es exigir autoridades más transparentes y otra muy distinta es justificar el caos. Ninguna sociedad puede sostenerse cuando cada persona decide cuáles reglas obedecer y cuáles ignorar.

Las redes sociales han acelerado aún más este problema. Hoy cualquiera acusa, difama o destruye reputaciones sin presentar pruebas. El insulto fácil genera atención.

Se premia la confrontación y se ridiculiza la prudencia. Poco a poco, el país se acostumbra a vivir entre conflictos constantes, intolerancia y falta de respeto.

El peligro de esta realidad es que termina afectando todos los espacios: las calles, escuelas, hogares y hasta el debate público.

Recuperar el respeto por las normas no depende solamente de las autoridades; también requiere ciudadanos capaces de entender que vivir en sociedad implica límites, deberes y consideración hacia los demás.