En República Dominicana, la salud mental representa una emergencia silenciosa. Estudios recientes revelan que aproximadamente el 20 % de la población está viviendo con un trastorno mental, siendo la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar y la esquizofrenia los más frecuentes. Esta cifra significa que, de unos 11 millones de dominicanos, alrededor de dos millones están afectados, una realidad que repercute en la productividad, la cohesión social y la calidad de vida. Además, nuestro país se ubica entre los primeros de Centroamérica y el Caribe con la mayor carga de enfermedad por trastornos mentales, según la tasa de AVADs.

En términos del peso sanitario, los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias representan entre el 16 % y el 30 % de la carga de enfermedad (según edad), siendo las enfermedades más relevantes entre los 10 y 45 años.

Sin embargo, a pesar de esta magnitud, menos del 1 % del presupuesto público de salud se destina a salud mental (apenas un 0,38 %), y la mitad de ese monto se concentra en el antiguo Hospital Psiquiátrico Padre Billini en Santo Domingo. En el ámbito de la atención primaria, apenas existen programas formales o personal capacitado en salud mental, y la escasez de psiquiatras, solo dos por cada 100,000 habitantes, evidencia otra limitación estructural grave.

Esta brecha entre la alta prevalencia y el mínimo recurso invertido es inaceptable. La Ley 12‑06 de Salud Mental, vigente desde 2006, fue un avance en su momento, pero ha quedado desactualizada, inoperante y sin acompañamiento real para transformar el sistema.

Como Senador, estamos trabajando en una propuesta robusta que responda a esta situación con soluciones legales, concretas y operacionales. Estos son los principales pilares del proyecto en cuestión:

• Atención primaria con equipo de salud mental: todo centro de primer nivel contará con personal capacitado, incluyendo psicólogos clínicos, para brindar atención oportuna, detectar necesidades y derivar adecuadamente.

• Red de centros comunitarios por provincia: se eliminarán las barreras geográficas reforzando centros locales de salud mental y evitando la saturación de hospitales centrales.

• Internamientos regulados y con límites claros: se priorizarán internamientos breves, se establecerán garantías judiciales y se impedirán internamientos arbitrarios o prolongados.

• Cobertura obligatoria de ARS y Seguro Familiar de Salud: consultas, terapias, internamientos y medicamentos psiquiátricos serán incluidos en los planes básicos de todos los seguros de salud.

• Órgano de Revisión Independiente: se crea un mecanismo autónomo encargado de supervisar servicios, recibir denuncias y garantizar los derechos de los pacientes.

• Financiamiento público garantizado: se establece un piso de al menos el 5 % del presupuesto de salud destinado a salud mental, en un plazo de cinco años.

• Prevención, campañas y educación para reducir el estigma: se impulsarán programas en escuelas y comunidades, así como líneas de ayuda y difusión nacional para concientizar sobre la salud mental.

• Participación activa de usuarios y familiares: quienes han vivido con un trastorno mental estarán presentes en la elaboración, supervisión y evaluación de las políticas públicas.

Este proyecto responde de forma directa a la insuficiencia del sistema actual: enfrenta la invisibilidad institucional, la falta de personal, las brechas regionales, la cobertura limitada y el escaso presupuesto. Con propuestas concretas y ejecutables, buscamos transformar la legislación de 2006 en un instrumento eficaz, que garantice derechos, acceso y dignidad para miles de personas.

La salud mental ya no puede seguir siendo un tema secundario. Los datos lo confirman: millones padecen, pocos reciben atención y se invierte una fracción frente al daño real. Si somos serios, si somos sensibles, es hora de actuar. Este proyecto no es solo una ley: es el compromiso de construir un país con atención mental digna, universal y efectiva.