Por Rafael Barón Duluc Rijo

Punta Cana–Bávaro es, sin dudas, uno de los principales motores del turismo y la economía de la República Dominicana. Su consolidación como destino internacional ha sido fruto del esfuerzo conjunto de inversionistas visionarios, del trabajo de miles de dominicanos y del posicionamiento global que ha logrado la marca país. Sin embargo, ese mismo crecimiento acelerado nos plantea hoy desafíos estructurales que requieren atención urgente y planificación integral.

El crecimiento urbano acelerado sin planificación territorial ha traído consigo consecuencias visibles: desorden, presión ambiental, servicios básicos saturados y expansión descontrolada de asentamientos. A esto se suman la limitada cobertura de agua potable, la falta de alcantarillado sanitario, la deficiente gestión de residuos sólidos, la escasa inversión en infraestructura pública como calles, aceras y contenes, y la amenaza constante del sargazo que afecta nuestras costas y al turismo mismo. No se trata de criticar lo logrado, sino de reconocer que el éxito alcanzado exige ahora soluciones de mayor escala y profundidad.

En este contexto, y desde mi responsabilidad como senador por la provincia La Altagracia, hemos formulado una propuesta concreta: el “Plan Nacional Punta Cana Sostenible 2030”. Se trata de una hoja de ruta articulada, con enfoque técnico y territorial, que busca convertir a Punta Cana en un modelo de desarrollo turístico sostenible, ordenado e inclusivo hacia el año 2030.

El plan contempla acciones por fases en áreas clave: acceso universal al agua potable y al saneamiento; eliminación definitiva de vertederos informales; infraestructura vial adecuada al crecimiento urbano; construcción sistemática de aceras y contenes; reordenamiento territorial con control efectivo de usos de suelo; un sistema estructurado de manejo del sargazo con participación nacional y regional; y gobernanza compartida entre el Estado, los gobiernos locales, el sector privado y la comunidad.

Sabemos que no basta con diagnosticar los problemas: hay que actuar con decisión, voluntad política y responsabilidad técnica. Y sabemos también que este plan, aunque aún es una propuesta, debe convertirse en una política pública nacional.

Pero también debemos avanzar hacia una transformación institucional pendiente: el distrito municipal Verón–Punta Cana ya amerita ser elevado a municipio. No puede seguir siendo una comunidad con más de 150 mil habitantes, con una carga turística nacional inmensa y sin las estructuras administrativas, financieras y políticas que le permitan gestionar su propio desarrollo de manera más eficiente y justa.

Punta Cana no puede seguir creciendo sin planificación ni sin inversión pública proporcional a su peso económico. No es justo que el principal destino turístico del país cuente con comunidades sin aceras, calles sin drenaje y niños caminando entre charcos mientras millones de visitantes llegan cada año.

Lo que está en juego no es solo el turismo: es el equilibrio del territorio, la calidad de vida de sus habitantes y la sostenibilidad de un modelo que debe evolucionar.

El tiempo de actuar es ahora. Y estamos listos para hacerlo.